#Opinión | Carlos Ernesto Cano/Festivales Solidarios-FGER.
Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la minería en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.
Los orígenes
Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).
Para defender la continuidad de las operaciones, los abogados de la CGN utilizaron dos argumentos. El primero, sin un sustento documental, es que, en los años 70, los entonces dueños de la mina supuestamente realizaron una consulta comunitaria. De ser así, lo habrían hecho tres décadas antes de que Guatemala incluso ratificara el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre megaproyectos que puedan afectar su entorno.
En esa época el poder político de Inco-Exmibal era tal, que en 1962 sus dueños sugirieron al gobierno de Idígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de estimular las inversiones en el país. El nuevo código de minería se aprobó en 1965, cuando en ese entonces el presidente de facto era Enrique Peralta Azurdia. El libro de Luis Solano, “Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder”, detalla que ese código fue la base para que meses después el gobierno de Carlos Arana Osorio le diera a la mina el permiso para explotar, por 40 años, 410 kilómetros de tierra entre Izabal y Alta Verapaz.
La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los años 60, cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la creación de una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. El resultado de las investigaciones fue muerte y exilio.
Presidía la comisión Rafael Piedrasanta Arandi, entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC; los otros miembros eran Óscar Adolfo Mijangos López , Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques cuatro meses antes de que Arana tomara el poder y que la minera obtuviera los permisos del gobierno.
En 1982 Inco-Exmibal se retiró del país. El cierre de las operaciones de la mina sucedió cuando el gobierno intentó aumentar el porcentaje de las regalías de 1% a 5%.
Pero la tensión por la minera situada en las orillas del lago más grande de Guatemala, el lago de Izabal, duró poco.
La paz firme, duradera y minera…
La tensión a El Estor volvió en el año 2004, cuando la compañía canadiense Sky Resources-Hudbay Minerales, compró las acciones de Inco-Exmibal e inició las gestiones para renovar la licencia de explotación minera por 40 años más.
Durante el gobierno de Óscar Berger, el Estado debió realizar una consulta en el año 2006, cuando el Ministerio de Energía del gobierno de Berger, renovó la licencia de explotación minera de la CGN para el proyecto Fénix, 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas equivalentes a casi 36 mil campos de fútbol dedicados la extracción de níquel en el municipio de El Estor, un territorio donde habitan comunidades indígenas Q´eqchíes, el pueblo que ancestralmente ha habitado esa región en Guatemala.
En el 2006, el Ministerio de Energía que lo dirigía Luis Romero Ortíz Peláez, renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas. Ese año la conflictividad en El Estor llegó a un nuevo punto: los comunitarios reclamaban ser propietarios de espacios de terreno donde la mina quería operar y el gobierno ordenó desalojos que terminaron en quema de casas de los agricultores y violaciones en grupo a mujeres q´eqchíes .
En 2011, la CGN cambió de dueño. En esa transición tres jóvenes universitarios murieron en las instalaciones de la mina. En marzo del 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle se encontraban en el lugar haciendo un monitoreo de cocodrilos del Río Dulce. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, en distintos puntos y con golpes extraños. Sus padres buscan justicia y que se esclarezca su muerte .
El consorcio suizo Solway Investment Group adquirió la mina por US$170 millones. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico. Es dueña de mineras que extraen metales que no tienen hierro en su composición química. Está registrada en Suiza, su matriz está en Malta y tiene proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Solway está registrada en Suiza y su casa matriz se encuentra en Malta. En su ficha de identificación menciona a sus tres directores. El presidente es Dan Bronstein, de nacionalidad alemana. Los otros dos son Denis Gerasev, de nacionalidad israelí, y Alexey Tsvetkov, de nacionalidad rusa. El director de la matriz en Malta es Aleksandr Bronstein.
Dan Bronstein, el presidente de Solway, llegó a la compañía en el 2000, cuando comenzó a trabajar para la compañía Romtrade Group como jefe del departamento de Fusiones y Adquisiciones, donde reorganizó las funciones y activos de Solway. También es miembro del Consejo Asesor de NR Growth Consulting, una firma de inversiones fundada en agosto de 2006 con sede en Moscú.
La época reciente
Además de comprar la Compañía Guatemalteca de Níquel, Solway asegura en su página web que desde el 2001 han invertido US$600 millones en la mina, especialmente para crear la Planta Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), a través de la cual convierten el mineral húmedo de las montañas de El Estor, en ferroníquel, un material que contiene dos partes de hierro y una de níquel y que es utilizado como producto final en industrias que, principalmente, producen acero inoxidable. La empresa vende a compañías de construcción, ingeniería, transporte, metalúrgicas y electrónicos.
El níquel de Guatemala parece ser muy apreciado en el mundo. Solway describe el mineral que extraen del proyecto minero Fénix (CGN) como uno de los 10 más ricos y puros del mundo, y por ser un yacimiento de gran potencial en tamaño y calidad representa “un hito importante” en su estrategia para convertirse en uno de los cinco principales productores de níquel del mundo.
Para lograrlo, en Guatemala tuvieron el apoyo del gobierno. El 30 mayo del 2014, cuando reinauguraron la planta, junto con los gerentes de la compañía, sonriente, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Días antes, el 7 de marzo de 2014, los ministros Sergio de la Torre (Economía), Erick Archila (Ambiente) y Mauricio López Bonilla (Gobernación) viajaron a Londres para reunirse con representantes de Solway y 9 grandes compañías más para explorar oportunidades de comercio e inversión.
El 26 de marzo de 2015, Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunió con Otto Pérez Molina. El periodista australiano John Helmer, basado en Moscú, escribió que la visita habría tenido como fin, intervenir por las inversiones rusas en el país y por los propietarios de Solway.
Pérez Molina dijo que, en la visita del canciller ruso, “se habló del comercio, ya que en Guatemala una de las empresas más grandes es de origen ruso, que se dedica a la extracción de níquel”.
En su visita Lavrov se reunión con sus homólogos de Centroamérica y pidió que Rusia fuera un miembro observador extrarregional del Sistema de Integración Económica y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Otros países observadores son Alemania, Australia, Taiwán, Francia, etcétera. Lavrov dijo que Centroamérica y Rusia tienen una “estructura de exportaciones afín”, por lo que deberían unir esfuerzos para aumentar los intercambios y optimizar la logística.
Meses después, en noviembre de 2015, mientras en el Congreso se aprobaba el presupuesto del Estado, diputados del Partido Patriota y Líder, propusieron aumentar el pago de regalías por actividades mineras, de 1% al 10%, pero no para todos los minerales. El níquel y el jade quedaron fuera de esa propuesta. En ese tiempo, el diputado Amílcar Pop dijo que el porcentaje de pago de regalías lo discutió el gobierno con el sector empresas extractivas.
Con el gobierno de Jimmy Morales el último acercamiento ocurrió la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Lavrov se reunió el 25 de septiembre con su homóloga guatemalteca, la canciller Sandra Jovel y posteriormente hubo un encuentro entre el jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander Bortnikov, embajador especial de Rusia en Guatemala, Alexander Hoholikov y el vicepresidente Jafeth Cabrera.
—Se discutieron temas del estado y perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales. Cabrera reafirmó el enfoque de la parte guatemalteca en la profundización del diálogo político, el aumento de la cooperación en varios campos, el fortalecimiento de la base jurídica de las relaciones ruso-guatemaltecas—, comunicó Rusia.
La criminalización y los eternos estados de sitio…
Durante los últimos años la norma en El Estor ha sido la criminalización a pescadores, mujeres indígenas, periodistas y radialistas comunitarios para acallara y amedrentar a las voces que gritan y exigen para que la mina se retire del territorio que habitan desde hace miles de años .
Estos actos de acoso, intimidación y violencia han provenido de las fuerzas estatales de seguridad, pero también provienen de grupos paramilitares que causa zozobra en la región.
Pero no sólo la acción de criminalización afecta, el uso excesivo de la judicialización también es un ítem permanente en la región del lago de Izabal, esto sucede cuando las empresas extractivas utilizan al sistema judicial guatemalteco a su antojo para mantener a pescadores , mujeres indígenas y defensores de derechos humanos en prisión o con medidas de arraigo para que no puedan salir de sus territorios y seguir denunciando lo que sucede en el lago de Izabal.
En esta lógica de la declaración a mansalva de los estados de excepción, estados de sitio y toques de queda el pasado 24 de octubre el gobierno de Guatemala decretó estado de sitio y posteriormente el Congreso de la República lo ratificó, entrando así, de nuevo en un círculo de criminalización a la protesta pacífica de las comunidades en el área, nuevamente los toques de queda, detenciones extrajudiciales, retenciones ilegales y allanamientos de radios comunitarias y de las casas de defensores de derechos humanos está siendo la norma.
A pesar de que existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que la mina ruso/suiza Solway Investmente Group y la filial guatemalteca CGN-PRONICO no opere, está sigue operando de forma ilegal.
Las comunidades Q´eqchíes´ lanzan un llamado a la comunidad nacional e internacional para que volteen la mirada hacia El Estor, antes de que sea tarde y regresemos a los años cruentos del terror estatal, tal y como sucedió en la décadas de los 70´s y 80´s del siglo pasado en una de las guerras más largas y crueles que azotaron el hemisferio occidental y en particular a Centroamérica.
