Durante la pandemia las niñas, niños y adolescentes están más propensos a trabajar en condiciones que ponen en riesgo su desarrollo integral.
Las consecuencias de la crisis sanitaria por coronavirus y el impacto de los huracanes “Eta” e “Iota” podrían exacerbar las brechas de desigualdad y el hambre, lo que limita que la niñez y adolescencia goce de sus derechos y sean más propensos a trabajar en condiciones riesgosas.
Según Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez -CIPRODENI- el trabajo infantil aumentó en el último año, «lejos de reducirse, el trabajo infantil se ha aumentado en todo el país» lamentó.
Las proyecciones de CIPRODENI de 2019, apuntaron que al menos, un millón de niños, niñas y adolescentes se habrían insertado al trabajo infantil. Mientras que, el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social estima que el 17% de la niñez y adolescencia de 7 a 17 años desarrolla alguna actividad económica.
Rivera, agregó que las causas del trabajo infantil son estructurales, como la pobreza y pobreza extrema, «ningún niño, niña y adolescente trabaja porque sí, (…) si el gobierno de Guatemala no atiende dichas causas estructurales, por más que, aprobarse leyes o crearse mesas técnicas, no va a tenerse mayor impacto», sentenció.
Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que la pobreza extrema en 2020 se potencializó en un 19%, cuatro puntos más que en 2014. Por ello, Otto Rivera considera que es importante implementar un verdadero sistema nacional de protección y de garantía de derechos de niñez y adolescencia, además de una mayor inversión pública y políticas sociales que garanticen mejores condiciones a este sector de la población.
En febrero, el presidente Alejandro Giammattei se comprometió a erradicar el trabajo infantil, tras la declaración de la Organización de las Naciones Unidas, del 2021, como el año para la erradicación del Trabajo Infantil.