#Chiquimula | Norma Sancir.
Se suspendió la audiencia de inicio de debate oral y público de 10 personas del pueblo maya ch’orti’ de Olopa, municipio de Chiquimula. El grupo es conformado por autoridades indígenas, defensores y defensoras criminalizadas por oponerse a la licencia minera Cantera los Manantiales.
En el inicio del debate en contra de 10 Autoridades Comunitarias Maya Ch’orti’ fue suspendido debido a que la Jueza encargada de conocerlo está imposibilitada debido a un accidente. El inicio del debate fue reprogramado para febrero de 2025. #ResistenciaChortiOlopa pic.twitter.com/L5oSaXy3wh
— CALDH (@caldhgt) July 18, 2024
La Jueza encargada de conocer el proceso está imposibilitada debido a un accidente, la audiencia se reprogramó para febrero de 2025.
@fger_mayakat Se suspendió la audiencia de inicio de debate oral y público de 10 personas del pueblo maya ch’orti’ de Olopa, municipio de Chiquimula. El grupo es conformado por autoridades indígenas, defensores y defensoras criminalizadas por oponerse a la licencia minera Cantera los Manantiales. La Jueza encargada de conocer el proceso está imposibilitada debido a un accidente, la audiencia se reprogramó para febrero de 2025. El grupo de abogados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- y abogados defensores, solicitaron al juez interino del tribunal de sentencia penal, Luis Fernando Archila Lima, modificar medidas a seis de las autoridades indígenas mayas ch’orti’ que tienen arresto domiciliario y deben firmar cada mes el libro de control en el Ministerio Público. Argumentaron el costo económico, la edad para movilizarse y su presencia en el proceso de forma voluntaria, esta fué aceptada por el juez.
♬ sonido original – Maya K’at #DesdeLosTerritorios
El grupo de abogados del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- y abogados defensores, solicitaron al juez interino del tribunal de sentencia penal, Luis Fernando Archila Lima, modificar medidas a seis de las autoridades indígenas mayas ch’orti’ que tienen arresto domiciliario y deben firmar cada mes el libro de control en el Ministerio Público. Argumentaron el costo económico, la edad para movilizarse y su presencia en el proceso de forma voluntaria, esta fué aceptada por el juez.
