En plena crisis sanitaria, el gobierno de Guatemala decidió relajar las medidas preventivas, a pesar, que la mayoría del país se encuentra en alerta amarilla y según el Ministerio de Salud, aún no se llega al pico de contagios.
Los horarios para la movilidad se extendieron, la circulación de transporte público regresa, los centros comerciales y restaurantes pueden abrir, con algunas restricciones y medidas, sin embargo, para la sociedad civil, esto significa que la salud fue relegada a un segundo plano.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina CUC, señala que las medidas benefician al sector empresarial, quienes, en más de una ocasión, salieron a manifestar para que el gobierno regresará a la normalidad.
En la cadena nacional, se mostró la cantidad de casos que registra cada departamento y municipios, sin embargo, no se incluyó Alta Verapaz, Gabriela Dávila, directora de la Asociación Gente Positiva y Colectivos Urbanos, considera que esa inconsistencia en los datos es un riesgo porque no se conoce la realidad del país y en esas condiciones no es adecuado suavisar las medidas.
«Nosotros rechazamos la medida del presidente, si bien es cierto, la economía importa porque hay personas que no tienen que comer, porque la ayuda nunca llegó, no creemos que haya sido el mejor momento para aperturar el país», expresó Dávila.
Los entrevistados también señalaron que el presidente ignora el sistema de salud colapsado, el personal sigue lamentando pérdidas y esperando recibir su salario, así como contar con insumos suficientes para atender a los pacientes con Covid19.
Por su parte, Domingo Ixcoy, de la Asociación Maya Uk’u’x B’e, señaló que el gobierno deberá asumir las consecuencias de la reapertura, porque quienes están en riesgo son las familias más pobres.
Insta a la población guatemalteca seguir con las medidas y recomendaciones para prevenir el virus y ser solidarios con las familias que más lo necesiten.
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