#OPINIÓN – Factor Méndez Doninelli – Prensa Comunitaria.
Guatemala es un país paraíso de la impunidad, un santuario para violadores de derechos humanos (DDHH), corruptos, ladrones y criminales de todo tipo, debido a una larga historia de iniquidades, de administradores de justicia venales, de gobernantes serviles y de élites insaciables que controlan el país.
El eficiente y exitoso trabajo de investigación criminal, realizado por el Ministerio Público (MP) con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), por primera vez en la historia republicana ha perturbado la tranquilidad de ex funcionarios públicos, de diputados, de empresarios, de militares y testaferros que hace poco tiempo eran intocables y ahora enfrentan procesos judiciales o tienen orden de captura pendiente de ejecutar. La lucha contra la corrupción e impunidad sigue avanzando, a pesar de los obstáculos y zancadillas que nunca faltan y de la terquedad de élites y lacayunos que quieren seguir robando a manos llenas, sin que nadie interrumpa sus fechorías.
¿Dónde están los prófugos? Los que aparecen en la lista de los más buscados por la policía internacional (INTERPOL), algunos con décadas evadiendo la justicia, como el ex ministro Donaldo Álvarez Ruíz, o violadores de DDHH como Edgar Justino Ovalle Maldonado y Juan Valencia Osorio. Los corruptos como Luis Rabbé, Alejandro Sinibaldi, Luis Mendizábal, Alba Lorenzana, Erick Archila, Allan Marroquín, Ángel Pérez Maura, Mauricio José Garín, William Schwank, Guillermo Lozano, Raúl Osoy Penados.
¿Quién protege a los fugados? Esos fugitivos son poderosos económicamente, pueden comprar voluntades o contar con redes de apoyo para evadir a las autoridades. También, puede ser que reciban protección de Gobernantes de países vecinos o que hayan obtenido papeles falsos para residir en otros territorios.
La inmundicia sigue con los políticos; Manuel Baldizón, ex candidato presidencial, quien abandonó ilegalmente el país, detenido en territorio estadounidense por ingresar de forma irregular, pendiente de una probable extradición a Guatemala para enfrentar la justicia por corrupto, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht por más de 3 millones de dólares. Por el caso Odebrecht, más corruptos caerán. Otro que cayó, el diputado Arístides Crespo, señalado de autorizar 169 plazas fantasmas en el Congreso Nacional.
Los intentos por detener las investigaciones del MP-CICIG, preocupa a diferentes sectores, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) se pronunció sobre las condiciones del país, criticando a los tres poderes del Estado. Dicen los Obispos:
“Nos preocupa constatar esa falta de rumbo que muestran los organismos del Estado: el sistema político vive bajo la dictadura de la corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia, pues mientras su credibilidad delante del pueblo ha disminuido enormemente, la desconfianza y desencanto hacia él han aumentado.”
“El Congreso de la República sigue su carrera hacia el abismo, al haber elegido una Junta Directiva, cuyos miembros fueron firmantes del así llamado “Pacto de corruptos” y mostrarse reticentes a hacer las reformas necesarias al sistema electoral y de partidos políticos, exigidas por el pueblo,…”
“El organismo judicial no está a la altura de lo que debe ser, cuando en diversos casos se atrasan los procesos judiciales o algunos de sus miembros, emplean recursos reñidos con la ley, sin ética alguna y ceden a sobornos o amenazas, olvidando que son súbditos del imperio de la Ley.”
“Nos preocupa la violencia, las extorsiones y la existencia de redes políticas y económicas ilícitas que fortalecen la impunidad y sostienen la corrupción,…”
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