En un comunicado el Procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas Andrade, advierte la llegada de una crisis alimentaria, siendo las familias en pobreza y extrema pobreza quienes padecerán en mayor proporción la inseguridad alimentaria.
San Marcos, Huehuetenango, las Verapaces y Suroriente, son las regiones en donde las familias más vulnerables están siendo afectadas por la hambruna.
La falta de oportunidades, las restricciones de movilización y la ausencia de los programas gubernamentales en estos lugares, agravan la situación, pues el apoyo del gobierno no ha llegado a estas poblaciones, «se ha privilegiado los lugares tradicionalmente atendidos por fácil acceso geográfico».
Los agricultores y campesinos tampoco han recibido un apoyo técnico o financiero del Estado. Han sido las redes comunitarias de autoayuda y el aporte de la comunidad migrante la que ha mitigado la situación, señala la PDH.
Es por ello que recomiendan al Congreso declarar como Emergencia Nacional la atención alimentaria de la población a un nivel de amenaza para la seguridad nacional, esto con el objetivo de disminuir barreras burocráticas en el manejo de los programas sociales.