Guatemala cuenta con las condiciones naturales favorables que le permiten disponer de abundante agua para las personas, el ambiente y la productividad económica, sin embargo en el área rural solo el 30% de los hogares tiene acceso a ella.
Según la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía alimentaria REDSAG, esto se debe a que la industria cañera, de palma aceitera, mineras e hidroeléctricas acaparan, explotan, contaminan y desvían el agua hacia sus proyectos.
“Para nosotros no hay agua en los ríos, en los campos de caña si hay. Y para nosotros no es solamente el agua, es la concentración de la vida entorno al agua” expresó Nicolás Velásquez, integrante de la organización.
Para acceder al agua las comunidades han creado posos artesanales que cada día deben ser más profundos debido a las actividades de los megaproyectos, “en 2007 habían posos artesanales de 06 varas (5 metros aproximadamente) ahora son de 16 (13 metros)” agregó.
Para las comunidades es urgente que más allá de una regulación el estado vele por el derecho humano al agua para los pueblos indígenas por encima de intereses económicos.
“Aquí si el pueblo no tiene agua no importa, lo importante es que la industria tenga y no importa a costa de qué. Si hay que asesinar a defensores del agua, apresarlos o desplazar a los pueblos originarios” denunció.
En 2015 luego de la marcha del agua promovida por pueblos indígenas de todo el país se presentaron más de 33 denuncias por desvió de ríos y se promovió la discusión de una ley de aguas. Ninguna de las acciones prospero.
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