Varias organizaciones  expresaron su preocupación sobre un estado que busca controlar la labor que realizan en las comunidades aquellas que luchan y protestan contra la corrupción.

Durante la conferencia de prensa, exigieron que la Corte de Constitucionalidad emita una sentencia ante las distintitas acciones de inconstitucionalidad presentadas y expulse del ordenamiento jurídico las reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales, mediante el decreto 4-2020.

 

Además señalaron que históricamente se ha sufrido ataques de parte del Estado, desde tiempos del Conflicto Armado Interno, las expresiones organizadas de la ciudadanía han sido perseguida, lideres y miembros han sido asesinados, secuestrados.

«somos sujetos a auditorias externas que debemos presentados a los donantes. Es decir que sí estamos fiscalizados por quienes proveen los fondos y también por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la instancia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos» dijeron

Asimismo destacaron, cuando surgió la aprobación de la iniciativa de ley, el estado no socializo  de una forma eficiente y amplia las obligaciones que las reformas a la ley de ONG, no definió con claridad a quienes serán tales disposiciones.

El pasado dos de febrero del presente, se venció el plazo para las ONG que actualizaran datos ante el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, las personas que no se actualizaron serian canceladas y debían ser disueltas.

Por ultimo hacen el llamado a la sociedad organizada que no se quede observando como se vulnere los derechos humanos en Guatemala y denuncian al Estado por aprobar reformas y aplicarlas cuando son claras infracciones al derecho de libertad de asociación entre otros derechos tutelados por la Constitución de la Republica y los tratados Internacionales en la materia.