Ha casi dos años del desalojo, 111 familias aún no han tenido respuestas del Estado de Guatemala. A pesar de las múltiples acciones para resolver la situación de la comunidad, como lo fueron en un inicio las mesas de dialogo que, quedaron suspendidas al no haber un interés por atender la situación.
Por otro lado, un amparo fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, que solicita el retorno de las y los comunitarios sin embargo, el proceso no ha avanzado ante la inasistencia de El consejo Nacional de áreas protegidas (CONAP) y la Comisión presidencial Coordinadora de la Política del ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 dictamino medidas cautelares a favor de la comunidad, estas no fueron atendidas por el Estado. Los comunitarios que fueron desplazados forzosamente del Municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, y que ahora, se encuentran viviendo a la intermperie, en carpas de acampar, en la franja fronteriza entre Guatemala y México, han denunciado intimidación por parte del ejército de Guatemala, ellos y ellas exigen su retorno y el derecho a una vida digna para sus futuras generaciones.
Constantino Suchite, líder comunitario de laguna larga, expresa cual es la situación en la que se encuentran ante el olvido estatal.
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