La niñez y adolescencia como ciudadanía

Materializar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Convención sobre los derechos del niño significa erradicar el trabajo Infantil y es verlos como ciudadanía.

Guatemala fue uno de los primeros países en ratificar la Convención y en mayo se cumplieron 32 años de que el Estado la adoptó. Organizaciones sociales resaltan los logros y avances en la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia.

Pues, la ratificación permitió la creación de leyes, políticas públicas e instituciones a favor de la niñez, además se considera que el marco legal guatemalteco de protección es uno dc los mejores.

“Otro avance relevante es que se crearon varias instituciones a favor de la niñez y adolescencia”, expresó Mirella Saadeh, directora del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia, PAMI.

La creación de la ley de Protección Integral de la Niñez (PINA), Ley del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, ley de Adopciones, ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia intrafamiliar, entre otras, aportan a la protección y garantía de los derechos.

Según Saadeh, los avances en tres décadas son significativos sin embargo, aún hace falta fortalecer la institucionalidad de la niñez, además de atender los indicadores relacionados a la desnutrición crónica, educación y salud.

Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Estado invierte Q.9.64 quetzales en cada niño o niña, un poco más de 1 dólar, lo que no permite garantizar sus derechos.

“Esta inversión es demasiado pequeña para cubrir los principales derechos, porque yo no creo que cada familia pueda darle a cada uno de sus hijos 9 quetzales para salud, para educación, para protección, es imposible”, sentenció.

Resaltó que con la pandemia puede incrementar la migración de la niñez y adolescencia en búsqueda de oportunidades, así como la cantidad de menores en actividades económicas.

Finalizó indicando que es necesario que los gobiernos de turno tengan una visión de las niñas y niños como sujetos de derechos para que se cumpla con el marco legal a su favor y no sean utilizados únicamente en campaña electoral.