Juan Pablo Muñoz – Ceppas Guatemala.
La corrupción tiene sus orígenes en el sistema económico guatemalteco. Es un requisito esencial para la acumulación de cualquier tipo de riqueza en el país.
Desde que en 2015 la CICIG dio un vuelco hacia la investigación de la delincuencia económica cayó en desgracia para las élites empresariales y políticas del país. En consecuencia, la clase media entró en contradicción sobre si seguir apoyándola o no y hasta diferentes sectores populares le restaron simpatía. En cuestión de meses, Iván Velásquez pasó de ser el héroe que desenmascaró a una mujer extremadamente corrupta (Roxana Baldetti) al villano extranjero sediento de poder que ponía en riesgo la soberanía, la institucionalidad democrática y hasta las buenas costumbres.
Lo anterior tiene una explicación: la corrupción no es solamente un problema educativo que pueda erradicarse con cartillas cívicas u oraciones dominicales. Tampoco es producto de la desviación enfermiza de algunos “incorregibles”. La corrupción es, ante todo, el conjunto de reglas que actualmente posibilitan la acumulación de capital y la validación subjetiva que de ello hacen todas las personas a quienes en mayor o menor grado los beneficia.
Atacarla, pues, genera tantos anticuerpos porque implica cuestionar y desmontar la forma como se mantienen todas las riquezas del país y el esquema que han aceptado validar todos los que aspiran a tenerlas. Es como votarles su mundo.
Corrupción y riqueza
La historia de Guatemala está plagada de líderes militares que acceden al poder político para regentear sus propios intereses económicos, los de sus familiares y los de sus amigos. Un ejemplo de ello es Justo Rufino Barrios, el finquero cafetalero que transformó la fisonomía del Estado de Guatemala, cooptándolo, para ponerlo al servicio de una camarilla de compadres que deseaban vivir privilegiadamente gracias al trabajo y a la desgracia ajena. Y dicho patrón lo repitieron los azucareros, algodoneros y palmeros; también los dueños de los monopolios industriales y los financieros, así como los grandes comerciantes y otros.
Pero, la cooptación del Estado es un ejercicio tan complejo que requiere el concurso de un equipo de profesionales bastante amplio (juristas, cabilderos, economistas, comunicadores, estrategias militares, etc.). Así, el ejercicio de la corrupción excede los límites de las élites y se introduce permanentemente en las clases medias, deseosas de acaparar unas buenas migajas para sostener un ritmo de consumo bastante parecido al del resto de las sociedades occidentales del mundo. Es la única forma en que pueden alcanzarlo, toda vez que la membresía al mundo de la riqueza está limitada a los amigos de los gobernantes.
Sin la corrupción como horizonte ético y como conjunto de reglas objetivas, el desarrollo económico sería incierto. Por ello, cualquier empresario emergente prefiere invertir en coimas para garantizarse ganancias, antes que participar en el “libre juego del mercado” que plantean los liberales. Sin corrupción, pues, no hay certeza jurídica para los capitales.
Corrupción y régimen electoral
Comprendido lo anterior, puede entenderse el sistema electoral y de partidos políticos. Este es un mecanismo que funciona como una sala de juegos, en donde se paga por entrar y en donde sólo puede permanecer el que cuenta con recursos.
El pago de entrada se da a través de los partidos políticos y es cobrado por los recaudadores de fondos con que cuenta cualquier organización partidaria que tenga aspiraciones serias de llegar a administrar lo público para el interés privado. Y tanto los que pagan (financistas) como los que cobran (políticos profesionales) constituyen la dirigencia del país. Claramente, en este modelo no hay más lealtades que las del dinero, por lo que los jugadores más poderosos pagan derecho de piso en más de una sala de juegos a la vez.
Los casos típicos de lo anterior son Ángel González y Dionisio Gutiérrez, financistas de todos los gobiernos de las últimas décadas. Y las prebendas que ello les ha generado son tan millonarias que es imposible de cuantificarlas, en primer lugar porque no son registradas para evadir impuestos y, en segundo lugar, porque son retiradas del país.
La corrupción y el individuo
Recapitulando, podemos decir que la corrupción funciona de dos formas: a) como reglas objetivas que se establecen entre los actores políticos y económicos y b) como una convicción individual de cada uno de sus miembros de que es correcta, normal, necesaria, válida, legítima o deseable.
Todas las personas que actualmente están sometidas a investigaciones o procesos penales, tienen el común denominador de que consideran que están siendo injustamente señalados por hacer lo que cualquiera haría. En su fuero interno, cada uno de ellos pensará: “Yo tengo derecho a vivir bien y a darle lo mejor a mi familia”. Y para alcanzar dicho objetivo personal, cumplir con las reglas de la corrupción es determinante.
A través de esta forma de pensar, el ciudadano común y corriente valida la conducta de políticos y empresarios, bajo el supuesto de que si pudiera hacerlo, él también lo haría. En el fondo, pues, lo que priva es la idea de que lo más importante es acumular riqueza, aún cuando sea en desmedro de los derechos de los demás a una vida digna.
Lucha contra la corrupción, formas de verla
La corrupción es ideológica. Vale la pena que lo repitamos. Quienes la practican con el fin de obtener privilegios económicos lo tienen claro: es un acto de supervivencia y no los incomoda; es parte de su concepción del mundo. Quienes, en cambio, la cuestionan, parecen estar más confundidos.
Por una parte, está el sector que, casado con la legalidad, repudia la corrupción en tanto infrinja tipos penales, pero la endosa a la mala educación recibida en los hogares de los corruptos. Este sector no logra –o no quiere– ver que la corrupción no es una anomalía, sino parte constitutiva del sistema económico y que consiste en el aprovechamiento egoísta de lo que debería ser para el beneficio colectivo.
Así, quienes logran dimensionar la corrupción en su perspectiva histórica, comprenden que el combate hacia la misma es, en el fondo, un combate hacia el sistema de privilegios que tiene sumido al país en la indecible miseria en que vive la mayoría. Comprende que la corrupción está a la altura de la discriminación, de la violencia y del racismo como males fundamentales a erradicar en cualquier sociedad que se precie de dignificar a la persona humana.