Por: Informe Nacional de Desarrollo Humano.
La energía eléctrica es el día de hoy un servicio necesario para la subsistencia, además de ser un facilitador de procesos más amplios de desarrollo humano. El acceso a energía contribuye a satisfacer necesidades básicas domésticas, y permite la disponibilidad y sostenibilidad de servicios básicos como el abastecimiento de agua, el funcionamiento de centros de salud y escuelas y la realización de actividades productivas. Aunque no es considerada un derecho humano, sí favorece la realización de otros derechos.
Con un alto potencial para la generación de energía renovable, la energía moderna y eficiente sigue siendo un servicio inalcanzable para muchos. En el país más de tres millones de habitantes no cuentan con dicho servicio; quienes cuentan con él, en un país con más del 60% de la población viviendo en pobreza, se ven muchas veces en complicaciones para pagarlo. Múltiples son los casos de familias y comunidades que han propuesto desconectarse de la red de energía, como una medida de protesta ante el costo excesivo del servicio. Otros más proponen la nacionalización de la energía con tal de que sea un servicio de bajo costo y universal.
Alta Verapaz, el departamento más pobre del país, presenta el menor índice de cobertura eléctrica. Pese a ser el departamento con mayor número de hidroeléctricas y el segundo en potencia instalada para la generación de electricidad. Por otro lado, la mayor cantidad de hidroeléctricas (aprobadas o en estudio), están ubicadas en los territorios indígenas del país que más violencia y despojo han sufrido, desde la conformación misma del Estado nacional. El último período de extrema violencia que sufrieron regiones como la Franja Transversal del Norte o del valle del Polochic, fue el del Conflicto Armado Interno. Alrededor de los territorios en conflicto, la población generalmente vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, evidenciando la baja presencia del Estado.
Por otro lado, las concesiones otorgadas en las últimas décadas han carecido de un adecuado proceso de consulta a las comunidades afectadas. De esa cuenta, emergen conflictos y surgen movimientos organizados de resistencia frente a lo que la gente considera injusto. Los argumentos de las comunidades que se han opuesto sistemáticamente a la presencia de las hidroeléctricas y otros megaproyectos son principalmente que atentan contra sus cosmovisiones indígenas, sus modos de vida tradicionales, y el medio ambiente.
De manera que son muchos los desafíos que se avizoran para Guatemala, porque la realidad está marcada por múltiples desigualdades que tienen estrecha relación con reclamos fundamentales sobre mejores condiciones de vida para la gente. Como menciona el INDH 2015/2016: “para llegar a equilibrios sobre la solución justa a los conflictos es preciso concebir políticas y acciones públicas encaminadas a fortalecer la capacidad de planificación y gestión del territorio, sobre la base del respeto a los derechos de las personas y bajo criterios de sostenibilidad, en búsqueda de que la prosperidad sea compartida por todas y todos”.
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marca una ruta multidimensional que no deja fuera este tema. El ODS 7, hace un llamado a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas.
La energía sostenible para todas las personas debería de ser un objetivo prioritario, siempre y cuando las rutas para alcanzar ese anhelo estén en armonía y consoliden los derechos de las personas, las comunidades y sus territorios.