A pesar de no haber acreditado el costo de los supuestos equipos robados, el juez Fabicio Rosales ordenó que el defensor de Derechos Humanos Bernardo Caal pague la cantidad de Q 105 000 en concepto de reparación digna para los querellantes adhesivos.
Esta es una nueva prueba de como el sistema de Justicia continua vulnerando los derechos de las y los defensores de Derechos Humanos.
Por su parte las comunidades en defensa del rió Cahabón y Oxec y el mismo Bernardo Caal continúan firmes en la defensa del agua.
