Funcionarios públicos continúan explicando su accionar y responsabilidad por los hechos ocurridos en Ixquisis, donde fue asesinado el comunitario Sebastián Alonso, tras una manifestación pacífica.
En esta ocasión los diputados Walter Feliz y Amílcar Pop, de la bancada Winaq, cuestionaron a las autoridades de Ambiente y Energía y Minas sobre los términos bajo los cuales se concedió la licencia a la Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A
Alfonso Alonzo, viceministro de Ambiente, menciono que en el expediente consta que la empresa le consulto a la población, pero en una visita realizada a la comunidad se negaron los hechos.
Ante esto el diputado Pop mencionó que el ministerio no puede dar por válida una consulta realizada por la empresa, ya que autoridades de justicia han determinado que este tipo de consultas se hacen bajo “mecanismos fraudulentos”
Los comunitarios denunciaron además que la empresa construyo sobre propiedad comunal, situación que el ministro de energía y minas Luis Chang admitió desconocer.
Otra denuncia versó sobre el vago control de las autoridades sobre el trabajo de la empresa, ya que pobladores denunciaron que esta podría explotar minerales, situación también desconocida por las autoridades.
Debido a la conflictividad los diputados le solicitaron a los ministros parar los trabajos de la hidroeléctrica hasta que se conozca bajo qué términos se les otorgó la licencia.
A la citación también acudieron representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Ministerio de Gobernación y el gobernador departamental, quienes se comprometieron a continuar con el dialogo.