Las comunidades de la región Lachua denuncian favores políticos del actual Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a favor de la hidroeléctrica Rocjá Pontilá.
Los señalamientos provienen de los representantes de las comunidades, el Comité Campesino Del Altiplano, el Bufete de Derechos de los Pueblos Indígenas y Leocadio Juracán instancias que denuncian, que a pesar de no cumplir con los requisitos de ley, la licencia fue aprobada por vínculos con el ministro.
Recientemente la Corte de Constitucionalidad suspendió en definitiva un amparo presentado por las comunidades, debido a que el estudio de impacto ambiental se realizó en otra laguna convirtiéndolo en ilegal.
Actualmente existen más de 70 órdenes de captura de líderes y lideresas que han denunciado el actuar de la hidroeléctrica. El abogado Juan Castro denuncia que se dan tras la existencia de una red de jueces y abogados.
Las redes de corrupción en el gobierno a pesar de la orden de la corte de constitucionalidad, intentan que se continúe la construcción del proyecto para el desarrollo integral central Rocjá Pontilá Sociedad Anónima.
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