#Guatemala | Redacción Maya K’at.
Los días 3 y 4 de octubre el Estado guatemalteco fue evaluado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC, esta revisión se deriva de conformidad con las obligaciones que el Estado de Guatemala tiene en el denominado Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales del cual es signatario. Guatemala se presentó con una nutrida participación de 26 delegados a Ginebra Suiza con representantes de los tres poderes del Estado, además del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se hicieron presentes delegadas magistradas de la Corte de Constitucionalidad y representante del Ministerio Público, también se pudo observar la presencia en el público del Procurador de Derechos Humanos acompañando la actividad.
Luego de dos días de preguntas evaluadoras por parte de los representantes expertos independientes de Naciones Unidas del Comité DESC, y las respectivas respuestas por parte de los delegados guatemaltecos, las conclusiones fueron negativas, en palabras del encargado del panel evaluador Sr. Mikel Mancisidor de España, las respuestas del Estado guatemalteco generaron mayores preocupaciones y mayores dudas por la ambigüedad e imprecisión de las respuestas y esperan que en el plazo que tienen para poder ampliar las respuestas puedan clarificarlas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados Partes. El Pacto contempla derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, al agua y al saneamiento, y al trabajo.
El Comité trata de entablar un diálogo constructivo con los Estados Partes, determinar si las normas del Pacto se están aplicando y evaluar cómo se podría mejorar la aplicación y el cumplimiento del Pacto para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de estos derechos. Los expertos del comité sostuvieron varias reuniones virtuales y presenciales con representantes de organizaciones en Guatemala donde obtuvieron información y fundamentos que pudieron contrastar con las respuestas vertidas por el Estado.
El Estado tiene un plazo de 48 horas para poder ampliar sus respuestas y poder clarificar algunas situaciones que fueron cuestionadas durante la jornada que culminó el día de ayer.
Organizaciones sociales se congratularon por los resultados ya que reconocen que la situación en Guatemala es adversa para los derechos en mención, esperan que el PDH se pronuncie al respecto ya que es evidente que el Estado viola los derechos de los y las guatemaltecas.
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