El pasado martes 11 de junio el consejo campesino integrado por organizaciones indígenas y campesinas, se pronunciaron ante los constantes desalojos violentos en diferentes comunidades indígenas.

Las organizaciones denuncian las constantes acciones violentas por parte de finqueros, el Ministerio Publico y jueces vinculados al «pacto de corruptos» en contra de las comunidades. En lo que va del año alrededor de 12 comunidades indígenas han sido desalojadas dejan en condiciones infrahumanas alrededor de 1,500 familias, en las que se encuentran mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Organizaciones que conforman el consejo campesino en conferencia de prensa.

 

María Josefa Macz, del Comité de Unidad Campesina CUC, comenta «contamos con información de futuros desalojos en la comunidad conocida como Santa Rosita, ubicada en el municipio de el Estor Izabal, esto representa una grave violación a los derechos humanos, ya que esas tierras han sido reconocidas como tierras ancestrales por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia CSJ, en el 2015 »

Por otra parte, Carlos Morales de La Unión Verapacense de Organizaciones campesinas UVOC, menciona «los desalojos son un acto de revanchismo que impulsado en pacto de corruptos para desestabilizar al actual gobierno y retrasar los acuerdos firmados en el acuerdo agrario firmado el 07 de febrero del 2024»

Carlos Morales, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC-

Acuerdo agrario

El pasado 07 de febrero las organizaciones que conforman el consejo agrario integrado por el Comité de Comité de Unidad Campesino CUC, La Unión Verapacense de Organizaciones campesinas UVOC, El Comité Campesino del Altiplano CCDA y Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’oti’ Nuevo Día, firmaron el acuerdo ministerial 14-2024 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- y las organizaciones que conforman el consejo campesino en que establecen 5 puntos prioritarios para la mejora de condiciones al acceso de tierra a las comunidades indígenas y campesinas.

  • Atención a la conflictividad agraria prevaleciente en el territorio nacional, tanto la urgente como la acumulada.
  • Acceso a la tierra, fortalecimiento y reestructuración del Fondo de Tierras y de otros posibles instrumentos para tales propósitos.
  • Economía campesina, en su poliactividad, que implica tantas actividades productivas agropecuarias (agricultura familiar) como no agropecuarias o de la agregación de valor a ellas.
  • Articulación territorial de las políticas sectoriales relacionadas con el desarrollo rural focalizado en los territorios prioritarios identificados por el Gobierno.
  • Creación de espacio político de comunicación permanente entre el Gobierno y las organizaciones campesinas.

    Acuerdo ministerial 14-2024

Por lo que hacen un llamado al gobierno de Guatemala, que implemente los protocolos de protección y se cumplan con medidas cautelares a las comunidades que actualmente han sido desalojadas.