#Guatemala | Selvin Pérez, Pablo Montenegro y Marco Hernández – Noticiero Maya K’at.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, asumió el 1 de junio de 2024 su segundo período (2024-2029) como mandatario de esta nación centroamericana, pese a recibir señalamientos de que su elección fue inconstitucional. Derivado de estas críticas y denuncias sobre acciones de corrupción, varias personas han tenido que acudir a micrófonos de medios comunitarios de Guatemala para denunciar las violaciones de los derechos humanos.
Recientemente, una ciudadana de El Salvador que participó en el encuentro Descolonización de la Salud, celebrado en Chimaltenango, departamento al occidente de la ciudad de Guatemala, espacio desde el que compartió sus argumentos con los que califica al gobierno de Nayib Bukele como una dictadura. La activista agradeció a los micrófonos de Radio B’alam Estéreo (medios comunitario que transmite desde Cabricán, Quetzaltenango) el haber tenido un espacio para comunicar la realidad que está viviendo la ciudadanía de El Salvador y, la que medios locales se esfuerzan por desvanecer con otras noticias.
Ante los micrófonos del Noticiero Maya K’at de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Francisco Zúñiga, activista de derechos humanos, artista y ex trabajador del sistema de salud de El Salvador, dio a conocer los motivos por los cuales es perseguido en su país y le obligaron a resguardarse en el exilio.
Criminalización en América Central
Según el reporte mundial 2023-2024 de Amnistía Internacional, en Guatemala existe una criminalización de jueces, periodistas y defensores de derechos humanos; algunos enfrentan procesos judiciales que se retrasan maliciosamente. Otros, por el contrario, deciden migrar a Europa o a los Estados Unidos para evitar la cárcel de forma injusta.
Una situación similar ocurre en Nicaragua, en ese centroamericano el gobierno cerró numerosas Onéges y encarceló a líderazgos religiosos y sociales. En el gobierno de Daniel Ortega se han registrado expulsiones y el retiro de la ciudadanía nicaragüense a quienes alzaron la voz.
A criterio de defensoras y defensores de derechos humanos de la región centroamericana, esta situación podría ser una alarma, ya que se encuentra un patrón en el cual los Estados criminalizan a quienes se oponen a las acciones gubernamentales y denuncian violaciones de los derechos humanos.
Una víctima del régimen de excepción. Testigo de las torturas.
¿Quién va a reparar el daño que le hizo el gobierno de Bukele?
Valiente este muchacho en denunciar. Hay que protegerlo. No sería raro que le quieran hacer algo.pic.twitter.com/jM2aAFZtrf
— Antonio Salazar (@antoasb) July 17, 2024