La Corte de Constitucionalidad de Guatemala desconoció los resultados de la Consulta de Vecinos de Asunción Mita realizada el 18 de septiembre. El ejercicio democrático se hizo para conocer la opinión de la población sobre el proyecto minero Cerro Blanco. Además, la Corte a través de una resolución, suspendió temporalmente los artículos que daban amparo a la población de Asuncion Mita, acción que beneficia a la industria minera.
PREGUNTA
¿Esta usted de acuerdo con la instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquiera de sus modalidades y que impacte en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa?
En la consulta participaron ocho mil 503 personas, quienes en su mayoría, manifestaron su rechazo a la actividad extractiva.
La consulta reflejó un 87 por ciento de personas que están en contra de los proyectos minero en sus territorios. El apoyo a la minería fue mínimo, solo registró 904 votos. Votos nulos se contabilizaron 105 y en blanco 13 votos. Sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad se pronunció en contra el ambientalista Julio González, integrante del Colectivo Ecologista Madre Selva.
El lunes 19 de septiembrede 2022 la compañía minera y el Ministerio de Energía y Minas emitieron un comunicado con el que calificaron el resultado de la consulta como “ilegal” por lo que desconocen los resultados.
Que esta haciendo la Mina en los últimos años en el territorio
«Ni siquiera puede fiscalizar la cantidad de mentales que se esta exportando, como el caso del Estor se exporta la muelen le dan el primer tratamiento y exportan la materia sin haber extraido los metales se los llevan a otros paises, a modo de que no se sabe que metales se estan llevando, ahora ultimamente el grupo de diputado a fines al presidente estan tranto debilitar la legitimidad y democratica» enfatizó
El 26 de agosto de 2022 Madre Selva y la Alianza Centro Americana Frente a la Minería (ACAFREMIN), presentaron el diagnóstico de impacto socio ambiental de los monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera y, otras industrias extractivas, en la región centroamericana.
«Nosotros podemos comprobar que esa mina es inviable, acabamos entregar al Ministerio de Ambiente y Recursos naturales (MARN) la opinión de un experto sobre la ameneza en la vida de los habitantes», expresó González.
