El 14 y 15 de enero de 2020, una caravana de migrantes salió de San Pedro Sula, Honduras, rumbo a México y Estados Unidos. Son cientos de personas que tratan de huir de la pobreza, la violencia y la inseguridad.
El cierre de las fronteras para evitar que la caravana de migrantes avance, ha sido algunas de las acciones de los Estados, mientras “niegan y violentan el acceso a la protección humanitaria internacional”, denunciaron las Organizaciones que conforman el Grupo Articulador en Materia Migratoria.
Julia Gonzales, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, lamentó que los países de origen, tránsito y destino, nieguen el derecho a migrar y el derecho a la asistencia humanitaria “violentando convenios, tratados y su propia legislación”.
Las organizaciones también condenaron y rechazaron el uso de la fuerza para disolver la caravana de migrantes. “El gobierno de México desplegó ayer a militares para controlar la frontera, esto lo vamos a condenar porque no podemos usar la fuerza en contra de las personas, el ejército en contra de los niños, niñas y adolescentes, es inadmisible”, expresó el Sacerdote, Mauro Verzeletti.
Agregó, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, «mostró su cara sucia con el ejercito».
Según el Gobierno mexicano, el jueves 23 de enero, cuando decenas de agentes de la Guardia Nacional frenaron la caravana, 800 personas fueron detenidas y enviadas a albergues para conocer sus casos o proceder al retorno asistido.
El Defensor de las personas migrantes y desarraigadas de la PDH, Eduardo woltke, señalo que las nuevas autoridades guatemaltecas deben gestionar planes y una política migratoria verdadera, “una política migratoria con un enfoque de asistencia, de atención y reconocimiento de derechos”, añadió.
Solicitaron al Gobierno abrir el dialogo con sociedad civil para construir en conjunto una política pública migratoria en Guatemala que brinde respuestas integrales a población en situación de vulnerabilidad.
Se solidarizan con la Casa del Migrante
El grupo Articulador en Materia Migratoria expreso su solidaridad y respaldo al personal de la Casa del Migrante, de los misioneros Scalabrinianos, en Ciudad de Guatemala, debido a las amenazas dirigidas a este albergue que durante el paso de migrantes ha brindado atención y abrigo.
El martes 21 de enero, el padre Mauro Verzeletti, director de dicha institución, denunció ante la Unidad Fiscal de delitos contra Activistas de Derechos Humanos del Ministerio Público, donde solicitó protección perimetral para proteger la integridad física de los trabajadores y de las personas migrantes.
Durante seis meses la Casa del Migrante contará con protección por parte del Estado.