#Entrevista |
Declarado en 2013 como un proyecto de urgencia nacional, por medio de un Acuerdo Gubernativo el gobierno de Otto Pérez Molina aprobó su ejecución, saltándose el proceso legislativo porque debieron ser las diputadas y diputados quienes debieron conocer, discutir y darle aprobación. Por tal motivo, la Corte de Constitucionalidad declaro el proyecto como inconstitucional y emitió sentencia para que se le de por finalizado, la cual no ha sido publicada en el Diario Oficial.
El Proyecto fue otorgado a la empresa TRECSA en 2009 con el fin de brindar transmisión de energía eléctrica de alta tensión. Fue ofrecido como proyecto en beneficio de las comunidades, sin embargo, mediante investigación de documentos oficiales las comunidades se dan cuenta que es un proyecto de explotación de los bienes naturales.
Las comunidades se oponen firmemente a su ejecución porque nunca se les informó ni fueron consultadas, como ha sido una constante en todo megaproyecto. Este es catalogado como invasivo a los territorios de los pueblos indígenas y se indica que propicia un ambiente para la violación de derechos de las comunidades.
Guatemala actualmente está vendiendo energía para México, con el proyecto se pretende extender el comercio de energía a países de Centro América y se proyecta para el resto del continente.
Laura Rojas, coordinadora de comunidades afectadas por TRECSA, nos habla acerca de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la cual declaró como inconstitucional el Acuerdo Gubernativo firmado por Otto Pérez Molina.
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