Las agresiones, asesinatos y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos son una constante en el país. Del 1 de enero al 20 de abril de 2020, se han registrado 157 agresiones, el mes de marzo registra el número más alto.
Solo en 2019 se registraron 494 agresiones, más de 102 agresiones en comparación con años anteriores, este se constituye como el tercer año más violento. Según Jorge Santos, de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de derechos humanos (Udefegua), el incremento de los casos tiene relación con las política de regresión democratica del gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
En 2019 se registraron 15 asesinatos en contra de defensoras y defensores de los derechos humanos, 13 son hombres y 2 mujeres, seis de los asesinatos fueron en el departamento de Izabal, dos en Petén, dos en Jutiapa; uno en Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa.
Además, 360 actos de criminalización se han cometido contra liderazgos comunitarios, periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos. La mayoría de las agresiones se centralizan en las comunidades y pueblos indígenas que la defienden los recursos naturales.
También se han documentado actos de tortura cometidos por poderes locales y la Policía Nacional Civil. Santos, recuerda que en 2018 organizaciones internacionales consideraron a Guatemala como el país más letal para la defensa de los derechos humanos.
Señala que la impunidad permite la continuidad de agresiones y actos de violencia contra las personas que defienden derechos humanos y periodistas. «Los asesinatos y la criminalización son las dos grandes estrategias de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos», expresó Jorge Santos.
Hace un llamado para que el gobierno garantice la protección de los derechos humanos de la población guatemalteca.
Estos datos fueron registrados por el informe de situación de personas, comunidades y organizaciones defensoras de Derechos Humanos realizado por Udefegua.