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Uno de los pilares fundamentales de la democracia, es la libertad: libertad de acción, de emisión del pensamiento, de reunión, de asociación, entre otros. Y es que no se concibe una democracia sin la participación, opinión y disenso y sin el goce y ejercicio de todas las libertades. El derecho a la asociación es un derecho humano universal.
La libertad de asociación implica la posibilidad de poder unirse en cámaras, grupos, redes, startups, unicornios, organizaciones y otras expresiones de acuerdo con la voluntad, intereses económicos, culturales, políticos, religiosos, deportivos, entre otros. El papel del Estado se limita a reconocer y garantizar su goce y ejercicio siempre y cuando la asociación se realice con fines lícitos. La democracia implica necesariamente la libertad de opinar, decir, analizar, fortalecer, participar, construir, crecer económicamente, asociarse y cuanto más sólida es la democracia, más posibilidad existe para disentir.
La limitación de una de las expresiones del derecho de asociación implica un riesgo latente para todas las demás y es por ello que esto debería ser una preocupación de todos los sectores. El goce del derecho de asociación se garantiza en conjunto con otros derechos, como el de emisión de pensamiento, de acción, reunión, entre otros, en donde la apertura de espacios es vital.
Es así como el derecho a asociación es uno de los derechos más vulnerables en los estados totalitarios, en aquellos en donde se quiere concentrar el poder, la opinión, la acción. La restricción a este derecho es una de las muestras más evidentes del debilitamiento de la democracia y es el inicio de una serie de restricciones que paulatinamente van alcanzando a todos los sectores: político, religioso, empresarial, todos. Cuando hay ausencia de este espíritu democrático es muy difícil tolerar las diferencias, la crítica, el disenso. La tentación de restringir libertades es muy grande en las democracias débiles, no importando si los gobiernos son de derecha o izquierda.
La libertad de asociación en Guatemala es un derecho que históricamente se ha reconocido, nuestra Constitución Política lo contempla en el artículo 34, en donde además de garantizar este derecho, también garantiza que nadie estará obligado a asociarse.
Al respecto, miles de organizaciones de todos los sectores se han creado y autorizado en Guatemala. Las cámaras empresariales son un ejemplo claro de esta libertad de asociación, así como los sindicatos, colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, entre otros. El derecho de asociación significa como se indicó, la libertad de unirse por fines comunes lícitos, estando el Estado compelido a garantizar este derecho incluso facilitando su ejercicio y abriendo los espacios para su ejercicio. Sin embargo, desde hace algunos años se percibe en Guatemala una tendencia a la debilitación de este derecho, principalmente en cuanto a las organizaciones no gubernamentales, las cuales realizan acciones de diversa índole: algunas con gran apoyo hacia el fortalecimiento del estado, otras hacia la auditoría social, otras hacia la cultura y deporte, entre otras. Las organizaciones sociales ejercitan en mucho, la oposición que en principio deberían ejercer los partidos políticos, así como también, en mucho, realizan acciones que debería cumplir el Estado: como la alfabetización, la lucha contra la desnutrición, la atención de niños vulnerados en sus derechos, entre otras.
En Guatemala, se ha mediatizado un discurso a favor de la supervisión y fiscalización de organizaciones no gubernamentales, haciendo creer que las organizaciones no se encuentran sujetas a derecho ni al cumplimiento de obligaciones, cuando la realidad es que sí lo están. A la par de este discurso, se aprobó el decreto 4-2020 y se han emitido otras leyes que establecen procedimientos y controles que al final promueven la desincentivación de la asociación, opinión y el disenso.
Lamentablemente, esta situación, no dista mucho con lo que actualmente ocurre en otros países de la región, pues se tiene conocimiento que el gobierno de Nicaragua desde 2018, ha cancelado miles de organizaciones de sociedad civil promulgando leyes adversas, lo que puede considerarse como el inicio de la debacle democrática a nivel regional. Y es que, si el derecho de asociación no se garantiza y se empieza a limitar seriamente, fácilmente se puede concluir que estamos en el camino del deterioro de la democracia, en la cual todos los sectores serán afectados. La lucha por el derecho a la asociación es la lucha por la democracia y la libertad de todos los guatemaltecos.
Locución: Lesly Chuquiej