Huehuetenango es uno de los departamentos con los índices más altos de pobreza y exclusión, pero con amplia riqueza de bienes naturales. Los indicadores de desarrollo humano son reflejo de la histórica ausencia estatal. El municipio de Santa Cruz Barillas sirve para ilustrar cómo el Estado, en especial las instituciones de justicia y seguridad, han tenido una presencia intermitente en la región sin que sirvan para resolver los conflictos sociales que surgen de la resistencia de los pueblos frente a las empresas que pretenden explotar los recursos. Aquí un repaso de los olvidos del Estado y cómo siguen atizando el fuego de la conflictividad.
Carolina Rivas y Juan Pablo Montenegro
“Ni un milímetro atrás, todo hacia adelante”, terminó su discurso Rigoberto Juárez aquel 31 de julio de 2016 cuando regresó a su hogar tras permanecer en prisión más de 15 meses.
El retorno, aunque cargado de emotividad y alegría, le representaba continuar al frente de una institución ancestral encargada, entre otras cosas, de defender su territorio. Actividad por la que junto a otras seis autoridades q´anjob´ales fue detenido y enjuiciado.
Cuando los recién liberados finalmente llegaron a su tierra, a 449 kilómetros de la capital, estalló la algarabía, miles de personas salieron a las calles para quemar cohetillos de bienvenida. Entre aplausos, abrazos y lágrimas la mayoría de vecinos recibieron a los recién liberados como “a sus héroes”, según tituló Prensa Libre: “Reciben como héroes a siete dirigentes”.
Fue un retorno que les dignificaba y daba sentido al tiempo que cada uno de ellos pasó en prisión: “Pasamos momentos difíciles, pero hoy nos recompensan ustedes con este reconocimiento, para poder decir que la lucha continúa. Estamos con pie firme para unir nuestras fuerzas y lograr la paz, el bienestar”, dijo Adalberto Villatoro, uno de los liberados -detenido en febrero de 2015-.
Ermitaño López también llamó a unir esfuerzos y continuar con la lucha: “Estuve 14 meses en la cárcel injustamente, pero si ese el precio por la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, no es nada, porque ellos necesitan aguas limpias, bosques para vivir”.
Ermitaño López recalcó cómo la justicia había reconocido lo que ellos repitieron desde el encierro: que su lucha se había criminalizado y reafirmaba su compromiso de ser guardianes del territorio.
Rigoberto Juárez recuperó la coordinación del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Popti, Chuj, Akateko y Mestizo.
Ahora están nuevamente en su tierra, un territorio olvidado por el Estado, pero en disputa constante.
Santa Cruz Barillas, un territorio abandonado
El municipio de Santa Cruz Barillas, forma parte de lo que las autoridades indígenas llaman “La Nación Q’anjobal”, está ubicado en el norte de Huehuetenango, una de las regiones con los índices más bajos de desarrollo de Guatemala.
Cerca de la mitad de la población vive en pobreza extrema y la situación se agrava para los indígenas, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2016 del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo.
El mismo informe detalla cómo el nivel educativo es desigual. Mientras en la cabecera departamental de cada 100 personas 75 saben leer y escribir, en municipios como Santa Cruz Barillas sólo seis concluyen sus estudios.
Aunque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que en el área se cuenta con tres Hospitales Nacionales, ubicados en la cabecera departamental, San Pedro Necta y Santa Cruz Barillas; 10 Centros de Salud, 20 Centros de Atención Permanente, un Centro de Atención Integral Materno Infantil y un Puesto de Salud Reforzado, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia reporta que algunos no están en funcionamiento o se encuentran sin insumos.
Esa desatención provoca que el 60 por ciento de los niños y niñas padezca desnutrición crónica y que 44 de cada mil nacidos menores de cinco años mueran, reporta el informe. En el mismo sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) afirma que en el departamento sólo el 38 por ciento de partos son atendidos por médicos.
La pobreza en el lugar es consecuencia, según el Icefi, de un débil desempeño económico estatal asociado con bajos niveles de productividad y desarrollo humano, resultado de reducidos niveles de inversión en salud y educación, escasez de fuentes de trabajo de calidad, principalmente en el área rural.
En toda Guatemala, mientras el gasto público para poblaciones mestizas asciende a Q31,947.4 millones (6.5% del PIB), para poblaciones indígenas se reduce a más de la mitad. Se invierten únicamente Q10,676.0 millones (2.2% del PIB). Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2011), el 57.5 por ciento de la población del departamento de Huehuetenango se identifica como indígena, y un 70.4% vive en el área rural.
Según el último informe de Icefi sobre la inversión pública en pueblos indígenas el 40 por ciento de la población q’anjob’al vive en pobreza extrema y un 90 por ciento en pobreza. Como refleja el informe Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santa Cruz Barillas y, en general todo el departamento de Huehuetenango, son algunas de las zonas con menor densidad de toda Guatemala.En los temas de seguridad y justicia, la realidad tampoco es diferente: el ministerio de Gobernación reporta una asignación de 956 policías para atender a la población de 32 municipios que conforman el territorio de Huehuetenango.
A pesar de la pobreza que existe en el lugar, la región es rica en recursos naturales, uno de los factores que fueron tomados en cuenta por los gobiernos militares desde 1970 para consolidar el proyecto de la Franja Transversal del Norte. Sin embargo, se encuentran con una naciente lucha campesina, lo que resultó un asidero para los proyectos insurgentes y la represión estatal, explica Santiago Bastos en el Informe de contexto socio histórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango.
Tamara Osorio y Mariano Aguirre en Después de la guerra, un manual para la reconstrucción post bélica, detallan que “La estrategia contrainsurgente del ejército fue provocar la desorganización en las comunidades para tomar el control. Esta estrategia dividió a la población y generó el cierre de espacios democráticos, los cuales fueron militarizados”.
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), durante el periodo más violento del Conflicto Armado Interno (1978 a 1985) uno de los territorios más afectados fue Huehuetenango y la población q’anjob’al fue identificada por enemigo interno. La CEH, registra más de 15 masacres cometidas solo en el municipio de Santa Cruz Barillas.
Una de las características que destacan de este municipio es una fuerte organización comunitaria: Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias: Q’anjob’al, Akateka, Chuj, Poptí y Mestiza, instancia ancestral retomada tras el conflicto armado interno para llenar los vacíos estatales y la resolución de conflictos.
Como explica el analista político y economista Edgar Gutiérrez: “cuando el Estado ausente no ve como aliada a la organización comunitaria, éste entra en conflicto y genera una situación de emergencia, haciendo señalamientos y confrontación”.
Dicha situación, según Gutiérrez, “obliga a las comunidades a organizarse para hacer cumplir sus derechos”, sobre todo cuando permite que empresas ingresen a sus territorios sin respetar sus propias formas de organización.
Cuando el Estado se hizo presente a través de la justicia
En los Acuerdos de Paz se señaló la necesidad habilitar la presencia del Estado en todo el territorio nacional y de acercar la justicia a la población. Para ello se crearon los Centros de Administración de Justicia (CAJ), uno de ellos operó desde 2000 en Santa Eulalia, Huehuetenango, encargado de prestar servicio al Norte del departamento.
El CAJ contaba con una coordinación local, encargada de facilitar los procesos entre las instituciones: Bufete Popular, centro de mediación, juzgado de primera instancia (mixto), juzgado de paz, fiscalía del Ministerio Publico, el Instituto de la Defensa Pública Penal y una delegación de la Policía Nacional Civil. Al CAJ y sus instituciones le correspondía atender a los municipios de Santa Eulalia, San Pedro Soloma, San Rafael La Independencia, San Sebastián Coatán, San Juan Ixcoy, San Miguel Acatán, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas.
Rigoberto Juárez recuerda que para el pueblo q’anjob’al fue un logro que el CAJ llegara a su territorio: “El deseo nuestro es que nuestros pueblos tengan acceso a la justicia, apoyamos buscando el terreno para que funcionara”.
Pero el 20 de enero de 2015, tras 13 años de funcionar, el CAJ fue cerrado y su personal retirado debido a una serie de conflictos que iniciaron con la instalación de varios proyectos hidroeléctricos; luego de que el personal del centro fuera retenido por vecinos y se forzara a un juez a realizar el proceso de una liberación –este incidente nunca fue esclarecido-.
Después del cierre en Santa Eulalia permanecieron el Centro de Mediación, el Juzgado de Paz, y la Policía; pero las demás instituciones se trasladaron a Huehuetenango. Nuevamente, Santa Cruz Barillas y el resto de la región quedó como antes de la instalación del CAJ, sin instancias que apoyaran a solventar conflictos y resolver problemas. Aunque los índices de homicidios y criminalidad son de los más bajos del país, sí que era y es latente la tensión permanente entre las empresas foráneas que buscan explotar los recursos y la resistencia de grupos que buscan proteger los recursos.
Tierra codiciada
La situación geográfica y topográfica le da un alto potencial hídrico proveniente de sistemas montañosos (60% del territorio nacional) que derivan tres regiones hidrográficas: la del Pacífico, del Atlántico y del golfo de México.
Según el informe: “Situación de recursos hídricos en Centro América: Hacia una gestión integrada” realizado por Global Water Partnership, Guatemala utiliza el 22 por ciento de sus recursos hídricos equivalente a 20,300 millones de metros cúbicos, de los cuales las hidroeléctricas utilizan un 24 por ciento.
Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) detallan cómo de 2011 a 2016 la generación de energía por medio de hidroeléctricas aumentó del 37.6 por ciento a un 51.4 por ciento.
Guatemala, según el MEM, genera 6,000 MW, por lo que en la Política Energética 2013-2027, se plantea convertir al país en líder del Mercado Energético Regional, exportando 300 MW a la región de energía renovable (hidroeléctricas, energía eólica y solar).
Uno de los departamentos con mayor potencial hídrico es Huehuetenango, específicamente la región norte y dentro de ella Santa Cruz Barillas, que cuenta con cuatro cuencas hidrográficas que alimentan a varios municipios.
Registros del Ministerio de Energía y Minas reportan las siguientes empresas en el área.
La institución también reporta que en el lugar estuvieron presentes los siguientes proyectos, los cuales por diferentes razones fueron cancelados.
Econer Hidralia y “Los Reyes del Kilovatio”
En Santa Cruz Barillas, entre 2008 y 2016, intentó iniciar operaciones Hidro Santa Cruz, propiedad de Hidralia Energía, empresa española fundada los hermanos Luis y David Castro Valdivia que fueron llamados por un diario español como Los reyes del kilovatio.
Aunque la empresa fue creada en 2006, los hermanos Valdivia cuentan con años de experiencia en el sector energético, tiempo en el cual han debido presentarse ante la justicia española. Por ejemplo, afrontaron un señalamiento por tráfico de influencias para conseguir una serie de concesiones de la fiscalía española en 2007.
En el informe “Una hidroeléctrica española contra los pueblos indígenas” realizado por la Alianza por la Solidaridad, se detalla cómo los empresarios ganaron reconocimiento a finales de los años 80, cuando crearon más de 40 empresas energéticas para evadir restricciones legales sobre monopolio. Según el perfil de Facebook de Hidralia, en Guatemala esta empresa también se dedicó a brindar servicios de consultoría en ingeniería, por ello en 2013 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) les adjudicó el estudio de repontencialización de cuatro de sus hidroeléctricas. El informe revela además que la empresa trabajó con los proyectos hidroeléctricos Pojom I y II en San Mateo Ixtatán, los cuales se encuentran vigentes.
Convencer, comprar y cooptar
En 2007 el pueblo q’anjob’al ya conocía sobre las intenciones de empresas hidroeléctricas de instalarse y decidieron amparase en su derecho a decidir sobre la implementación de proyectos en su territorio y realizaron una consulta comunitaria en la cual participaron 46,490 personas y de las cuales 46,481 rechazaron la minería y la explotación de los bienes de la población de Santa Cruz Barillas.
Ésta fue aprobada mediante un acuerdo municipal el 30 de mayo de 2007, emitido por el concejo de Santa Cruz Barillas en pleno.
Sin embargo un año más tarde Hidro Santa Cruz empezó la construcción de su proyecto hidroeléctrico, lo que generó un rechazo inmediato en la población por considerar que las autoridades los excluyeron para la autorización del mismo. Rigoberto Juárez, coordinador del gobierno plurinacional, explica que luego de la instalación de la empresa se realizaron decenas de reuniones con autoridades locales y nacionales. Sin embargo, un año más tarde, el presidente Álvaro Colom ordenó la instalación de un destacamento militar, argumentando el aumento de la conflictividad.
En 2012 visitaron el Congreso de la República y en 2013 se reunieron con personal del gobierno, pero, aseguran los líderes, en ninguna de las reuniones se tomó en cuenta su rechazo al proyecto.
Paralelo a la abierta oposición se inició lo que los líderes llaman un proceso de persecución y criminalización en contra de las mismas autoridades ancestrales y líderes comunitarios. De 2008 a 2011 los Informes de Misiones de Verificación realizadas por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, HEGOA, se registran amenazas telefónicas y contratación de seguridad privada que amenaza directamente a los opositores.
Para Jorge Santos de la Unidad de Defensores de Derechos humanos, (Udefegua), esta estrategia es frecuentemente usada por las empresas extractivas o hidroeléctricas, que hacen uso de liderazgos locales para dividir a la población.
Con la finalidad de crear empatía en las comunidades, las empresas destinan parte de sus ingresos para invertir en proyectos de salud y educación. “Les corresponde pagar impuestos, salarios dignos respetar las normas ambientales, en su lugar y bajo el concepto de Responsabilidad Social ofrecen dádivas a las comunidades, quienes las aceptan ante el abandono del Estado”, expresa Santos. Lo anterior es confirmado por Juárez, quien relata que dentro de la seguridad de la empresa se encuentran personas de la comunidad, que aunque se encuentren en situación de pobreza “les han metido que ya son parte de ellos y los deben defender”.
En el mismo sentido, el antropólogo Santiago Bastos, perito en el juicio contra las autoridades, identificó que la estrategia de la empresa en Santa Cruz Barillas fue ubicar a líderes e intentar alinearlos a sus intereses, al no lograrlo dan paso a un segundo momento: Paralizar el movimiento.
Uno de los parteaguas en la compleja historia reciente de Santa Cruz Barillas sucedió el 01 de mayo de 2012, cuando Andrés Pedro Miguel fue asesinado y Esteban Bernabé y José Antonio Pablo fueron atacados. Los sobrevivientes señalaron a dos agentes de seguridad de HidroSanta Cruz, Ricardo Arturo García López y Óscar Ortiz Solares, de ser los responsables.
“Las personas al enterarse fueron a la empresa a exigir el respeto de sus derechos” relató, pero solo logran que les acusen de retención ilegal. Ese mismo día, pobladores irrumpieron violentamente en el destacamento militar, hirieron a varios soldados y robaron armas. Producto de los disturbios se reportó también la destrucción de una vivienda y de un hotel y varios soldados heridos. En respuesta, las autoridades impusieron un estado de sitio -que duró 21 días- durante el cual se giraron 40 órdenes de captura y se detuvo a 19 personas. En esos días recrudeció el conflicto.
“La población tenía mucho miedo”, recuerda Rigoberto Juárez, quien relató como el ejército ingresaba a las viviendas dejando destrucción a su paso “como en el pasado”.
Bastos explica que en esta etapa “el Estado y las empresas privadas cuyos intereses se ven afectados por la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos, identifican al sujeto que afecta sus intereses y luego llevan a cabo una estrategia de persecución por la vía del Derecho Penal, acusándolo sin fundamento ni pruebas”.
En 2014 Víctor Hugo Ma Villatoro, abogado de Hidro Santa Cruz creó el informe: “Estructura criminal, conflicto social en Huehuetenango” el cual fue entregado, como consta en acta, a la fiscalía del Ministerio Publico del lugar, que lo utilizó como base para sus investigaciones y su acusación.
Convencer, comprar y cooptar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifiesta que la criminalización se evidencia con “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo” y representan un responsabilidad para los Estados por violentar el principio de legalidad.
Derivado del proceso de criminalización, siete autoridades ancestrales fueron llevadas ante la justicia: Rigoberto Juárez, Ermitaño López, Domingo Baltazar, Aldalberto Villatoro, Francisco Juan, Mynor López y Arturo Pablo.
En estos casos, el abogado Benito Morales señala que el papel de los operadores de justicia y el Ministerio Público generó dudas con sus actos, pues presentó investigaciones débiles y argumentos sin fundamento. Además omitió denuncias contra hechos más graves como asesinato, agresiones graves, amenazas en público e instigación a delinquir provenientes de autoridades estatales.
Según Morales, a los defensores se les imputaron delitos graves para que su defensa no pudiera solicitar medidas sustitutivas. Posteriormente las audiencias se aplazaban y se entorpecían los procesos penales para que permanecieran por más tiempo encarcelados.
En el caso del Organismo Judicial, los jueces mostraban desacuerdo con el Ministerio Público, llegando a desestimar su labor investigativa, sin embargo accedían a las solicitudes del fiscal responsable de la investigación.
Señor Rigoberto, yo creo en su inocencia
Eran más de las 11 de la noche cuando Yassmín Barrios, presidenta del tribunal de Mayor Riesgo A, empezó a leer la sentencia de las siete autoridades ancestrales tras 15 días de debate oral y público.
La sala estaba completamente llena y a medida que la audiencia escuchaba la resolución el ambiente tenso cambiaba por lágrimas de alegría. Uno por uno el tribunal desestimó los cargos, declaró su inocencia y terminó con meses de encarcelamiento injustificado.
“¿Señor Rigoberto en dónde está? Yo creo en su inocencia, siempre se ha dicho que soy muy dura para juzgar pero la misma dureza también es para absolver porque sí creo en su inocencia”.
La sentencia absolutoria reconoció por unanimidad que a las autoridades se les criminalizó por ejercer su derecho a la defensa del territorio, y que se utilizó el aparato de justicia para encarcelar a las autoridades ancestrales. La jueza declaró que una serie de testigos habían hecho declaraciones inverosímiles.
La jueza hizo un llamado a los operadores de justicia para no dejarse instrumentalizar y a los fiscales del Ministerio Publico para presentar acusaciones basadas en pruebas “Si me dan las pruebas por supuesto que puedo imponer una pena, y de hecho siempre que hay pruebas las hemos impuesto, creo que de eso hay suficiente para poderlo constatar, pero también cuando no hay pruebas no podemos ser arbitrarios, no podemos detener ilegalmente a las personas”, expresó.
De esta forma finalizaba uno de los episodios de persecución y criminalización contra las autoridades ancestrales que continúan su defensa por la tierra y el territorio y es que a pesar de que el tribunal les absolviera, algunos continúan con otras acusaciones. Contra Rigoberto Juárez, existen 17 denuncias más.
La conflictividad continúa
Tras el juicio, en diciembre de 2015, HidroSanta Cruz anunció que se retiraba del país. Según informes de la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas, la cancelación del proyecto Chanbalam se hizo efectiva tras la resolución DGE-290-2017/y, emitida el 30 de marzo de 2017. Continúa en el lugar Promisiones de Desarrollo Hídrico S, A.
La conflictividad en Santa Cruz Barillas continúa y el proceso de diálogo se ha desnaturalizado, denuncia Juárez. Existen dos iniciativas una a cargo de Rocael Cardona, (quien al momento de la entrevista aún era comisionado presidencial de Diálogo, fue destituido el 14 de junio de 2017) y una instalada por el Alcalde Municipal y la empresa, por considerar que la otra estaba parcializada.
El destacamento militar sigue instalado en Santa Cruz
El 17 de enero de este año, tras una manifestación, fue asesinado uno de los manifestantes, defensor del terriotrio, Sebastián Alonso Juan, frente a la Policía Nacional Civil.
Jorge Santos informa que tienen denuncias de que el destacamento y la sede de la Policía Nacional Civil, se encuentran dentro del terreno de PDH, S.A. “No solo se impone un destacamento militar, sino curiosamente se hace en terrenos de la empresa. ¿Qué nivel de confianza va a despertar?”.
Para Santos el mensaje es claro y se continúa utilizando la fuerza pública para intimidar a la población y proteger a las empresas. La información fue confirmada por el viceministro de la defensa, General Mynor Mus Tubaj, durante dos citaciones realizadas por las bancadas Convergencia y Winaq tras el asesinato de Alonzo.
“Ya lo dije, estamos en propiedad de la compañía que está explotando. En un terreno que es de la compañía bajo un acuerdo verbal”, en esa oportunidad argumentó que el destacamento se instaló ahí, por la “situación crítica” bajo la que se requirió la presencia e informó que se girarían instrucciones para trasladarse a otro lugar.
Durante esas citaciones el segundo viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, admitió que durante la administración de Mauricio López Bonilla se llegó a un convenio de cooperación con la empresa P.D.H, S.A, quienes brindaron instalaciones para las fuerzas de seguridad.
Ambas instituciones reiteraron que su trabajo se realizaba de forma independiente
Tras el asesinato de Sebastián Alonso la municipalidad cerró por tres meses. En una mesa instalada por la Comisión Presidencia de Diálogo (CPD), el Alcalde Andrés Alonzo manifestó que había sido víctima de amenazas y que un grupo de vecinos de la cabecera municipal no le permitía llegar al despacho.
En esa oportunidad Cardona manifestó que “la agresión del Estado a esos pueblos es lo que ha desarticulado el tejido social. En ese municipio hay fracturas sociales fuertes y para reconstruirlo se deben generar mecanismos de participación y no discriminación”. Tras la intervención de la CPD, la municipalidad abrió en abril de 2017.
En el lugar no volvió a abrir el Centro de Administración de Justicia, CAJ
“La vida misma de las comunidades ha quedado deteriorada por las acciones de la empresa y el Estado guatemalteco”, expresó Jorge Santos. Tras años de presencia en Barillas, Hidro Santa Cruz sólo pudo construir un muro, una garita y algunas oficinas administrativas. Quienes han sido detenidos sufren enfermedades, han sido estigmatizados y la comunidad en general está enfrentada entre sí y ha visto como el tejido social se ha roto, mientras continúan en la pobreza.
Para Jorge Santos, de Udefegua, aunque el tejido social de Huehuetenango se haya roto no significa que las comunidades se quedarán pasivas ante los intentos de imponer proyectos en su territorio y para ello se apoyarán en las resistencias de otros pueblos. Santos menciona que mientras prevalezca una política que privilegie a ciertos sectores y no genere beneficios a las comunidades, la conflictividad continuará.
El Estado sigue ausente, excepto por la presencia del destacamento. Los niveles de pobreza permanecen en Santa Cruz Barillas y los municipios aledaños. En los últimos años, los gobiernos no han aumentado presupuesto en inversión social para estos lugares.
El Icefi recuerda que el Estado está obligado a reorientar sus políticas y estrategias en función de disminuir las brechas que mantienen a gran parte de la población indígena en la exclusión. Esto implica la asignación de los recursos públicos para tal fin. Implica también presencia y cumplimiento de derechos económicos y sociales.
Aunque la población solicita acceso a sus derechos a través de la justicia, hasta el momento el Estado sólo ha respondido a través de la fuerza pública, cuando se registran hechos relacionados a inversiones, como denuncia Jorge Santos: “es ahí cuando el Estado actúa en toda su capacidad” .
