Los ataques y desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ponen en riesgo la democracia en el país.
Las organizaciones aglutinadas en la Alianza por las Reformas manifestaron su preocupación ante los recientes ataques contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la opacidad del Ministerio Público (MP) para actuar.
Edie Cux, de Acción Ciudadana, considera que el ataque contra la máxima corte es el resultado de un acuerdo político entre el Congreso de la república y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) utilizando herramientas penales como el antejuicio y denuncia penal para deslegitimar su autoridad.
“Ahora que va a pasar con las resoluciones que emita esta corte, ya todos están generando el discurso a cerca de la desobediencia, el congreso ya amenazó a través de su comisión pesquisidora de continuar con el antejuicio, ya hay señales que varios diputados se están poniendo de acuerdo para desaforar a los magistrados, es grave porque plantea que ya no se tenga confianza en el sistema de justicia”, expresó.
No acatar las resoluciones de la CC fue un ejemplo que la administración de Jimmy Morales dejó, ahora por un amparo otorgado al Ministerio Público en el que se pide que se elijan a magistrados idóneos para los próximos cinco años, la CSJ decidió solicitar al Congreso dar trámite a la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, señaló que hay una intención de socavar el estado de derecho, distrayendo a la población en una batalla innecesaria, “aquí lo que quieren es una Corte de Constitucionalidad dócil, que les diga que sí a todo, sabemos que es un órgano de control constitucional que tiene que ser independiente”, dijo Rodas.
Pedro Camajá, de la Asamblea Social y Popular, consideran que el ataque del Congreso contra la Corte es parte de las mafias dentro del legislativo y lo que buscan es retroceder y debilitar la democracia.
El procurador y organizaciones sociales coincidieron que la comunidad internacional y nacional deben pronunciarse y estar alerta ante la intención de la CSJ y los diputados del considerado Pacto de Corruptos. También lamentaron que el MP no tome el caso con la relevancia que este tiene.
Señalaron que continuarán defendiendo la institucionalidad y a la corte con recursos legales para evitar un quiebre democrático.