En Guatemala el 9 y 10 de mayo son fechas que quedan registradas por nuevos ataques contra defensoras y defensores de la vida, la tierra y el territorio.
El miércoles 9 Luis Marroquín integrante del Comité de Desarrollo Campesino –CODECA- fue asesinado con arma de fuego cuando se dirigía a una asamblea comunitaria en el municipio de San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa al oriente de la capital.
El crimen fue condenado por medio de un comunicado de organización campesina, el cual también responsabilizó a Jimmy Morales por la muerte de uno de sus integrantes, debido a que el pasado 2 de mayo, Morales pronunció un discurso de odio y criminalización en contra de CODECA.
El jueves 10 José Can Xol integrante del Comité Campesino Del Altiplano –CCDA- fue asesinado por arma de fuego mientras acompañaba a la familia de un preso político que está siendo intimidada por personas armadas.
Can Xol es originario de la comunidad Choctún Basilá de Alta Verapaz, población campesina que por ejercer su legítimo derecho a defender su territorio, 40 de sus integrantes enfrentan orden de captura y 8 campesinos son presos políticos. Así lo explica Lesvia Artóla dirigente del grupo campesino.
La represión y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos es evidente con estas acciones cobardes de violencia, las cuales buscan callar con miedo y muerte a quienes se oponen a la voracidad de los proyectos extractivistas en el país. Así lo refiere Victoria Taulí Corpuz, relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, al término de su visita al país.
Varios sectores de la sociedad condenaron los recientes crímenes contra organizaciones campesinas, demandan cesar la persecución, intimidación y asesinatos de personas que se oponen a los proyectos extractivos que expulsan a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales.
