A más de tres meses de que 56 niñas bajo la protección del estado fueran encerradas en el Hogar Virgen de la Asunción y 41 de ellas murieran calcinadas, fueron detenidas cinco personas más.
Se trata de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil y una trabajadora del hogar.
Según las investigaciones luego de que varios adolescentes escaparan, las autoridades del hogar se auxilian de un grupo de la Policía Nacional Civil, a cargo del sub comisario Luis Pérez Borja, a quien se le acusa de abuso de Autoridad y Maltrato Contra Personas Menores de Edad.
Luego de que se detuviera a gran parte de los adolescentes, las autoridades les hicieron pasar más de 08 horas en la entrada del hogar, donde fueron reprimidos, según las investigaciones a la vista de Gloria Castro, defensora de la niñez de la PDH (por los delitos de Maltrato Contra Personas Menores de Edad e incumplimiento de Deberes) y Harold Flores de la PGN (Homicidio Culposo, Maltrato Contra Personas Menores de Edad e Incumplimiento de Deberes).
Posteriormente Brenda Chamam, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Virgen de la asunción, se opone junto a otros monitores el reingreso de los adolescentes. Sin embargo a media noche, todas las autoridades presentes acuerdan ingresarlas a aulas sin condiciones.
Chaman es acusada de Homicidio Culposo, Maltrato Contra Personas Menores de Edad e Incumplimiento de Deberes.
Las investigaciones revelaron además que la sub inspectora de la PNC, Lucinda Marroquín era quien tenía la llave del aula donde estaban encerradas las adolescentes y no decidió no abrir.
A la oficial se le acusa de Homicidio y Maltrato Contra Personas Menores de Edad. El Ministerio público presento además una solicitud de antejuicio contra la jueza de Paz de Santa Catarina Pinula, Rocío Murillo Martínez, por no cumplir con su obligación de realizar una exhibición personal a favor de las adolescentes.