Hace más de 140 años decenas de comunidades se asentaron en una zona al norte del país, que ahora se conoce como Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Por antigüedad las comunidades reclaman la posesión de las tierras, por ser área protegida el estado las dice suyas, pero recientemente se comprobó que muchas están manos privadas.
Comunidades indígenas Q’eqchi llevan más de 50 años intentando solucionar el problema y obtener certeza jurídica sobre su territorio. Se han implementado múltiples procesos de dialogo y en 2013 se instaló una mesa de alto nivel que logró el reconocimiento de cinco comunidades, después de ello el proceso nuevamente se estancó.
Ahora buscan resultados a través de un amparo interpuesto en contra del Registro General de la Propiedad, quien operó anómalamente la inscripción de varias fincas.
Romel Reyes explica que del lado del Estor se podrían recuperar 300 caballerías repartidas entre las comunidades de Rub’el Pek Abajo, Semokooch, San Pablo I y Manguito I; del lado de Panzós otras 400 caballerías repartidas entre las comunidades de San Juan Secumum, San Jorge, Santiaguila, Rio Imposble y Tierra Colorada.
A ello se suman otras 300 caballerías que estarían en manos del estado*.
Si las comunidades no obtienen la certeza jurídica sobre su territorio ni las municipalidades ni los Consejos de Desarrollo pueden ejecutar proyectos porque la ley se los prohíbe.
Los proyectos actualmente llegan por parte de la fundación Defensores de la Naturaleza, sin embargo los comunitarios denunciaron que son coaccionados y para obtener proyectos deben dejar la lucha por la certeza de la tierra.
“Cuando iniciamos el proceso con las comunidades de panzós eran 10 comunidades, hoy solo vinieron 5 por temor. Y quienes han llevado ese temer es la fundación por medio de sus técnicos” denunció Reyes.
Además investigaciones realizadas por ellos mismos revelan que la mayoría de la fincas están inscritas a nombre de Defensores de la Naturaleza, a pesar de estar legalmente constituidas como área protegida.
Reyes destacó que en ambas zonas se ven amenazados por la implementación de proyectos mineros, empresas de monocultivos o de explotación de madera. En defensa de su territorio las comunidades esperan ganar esta batalla legal, expresando “Nosotros tenemos las tierras, ellos los papeles”.