Avalada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mina San Rafael intenta manipular la consulta ordenada por la Corte de Constitucionalidad, denunció el parlamento Xinca junto a los alcaldes de Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima.
En noviembre pasado, el MARN dictaminó que solo 10 comunidades conformaban el área de influencia del Proyecto Minero El Escobal, sin establecer los criterios legales, técnicos y científicos que fundamentaran su decisión.
Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, denunció que en el pasado la misma empresa minera les busco para acordar regalías debido a que formaban parte del área de influencia, situación que cambio tras la resolución de la CC.
“Ahora no les convienen tenernos ahí a nosotros, solo lo quieren hacer con unos cuatro o cinco actores, ellos quieren facilitarse el proceso” manifestó.
Aleizar Arana, presidente del Parlamento Xinca, informó que ellos también fueron excluido del proceso de pre consulta (ordenado por la CC) “Nos han excluido por hacer impugnaciones que son legales”.
Las autoridades han impugnado las resoluciones emitidas por el estado y esperan que la Corte Suprema de Justicia, ordene el cumplimiento de la sentencia y obligue al estado a consultar al todo el pueblo Xinca.
Denuncian intimidaciones y amenazas
Durante todo el proceso de lucha por la defensa del territorio el Parlamento Xinca, ha sido acompañado por el abogado Quelvin Otoniel Jimenez Villalta, quien recientemente fue denunciado por la empresa minera por supuesto retardo malicioso.
La denuncia ya fue desestimada por la CSJ sin embargo “la mina trata de mandarnos un mensaje, de intimidarnos para que no se exija que se cumpla lo que ordenó la corte” expresó el abogado.
Jimenez también denuncia haber recibido llamadas con amenazas de muerte. Estas intimidaciones se suman a una serie de acciones en contra de líderes y lideresas de la resistencia pacífica, que desde 2010 enfrentan más de 100 casos de criminalización.