Representantes de cuarenta organizaciones campesinas, indígenas y personas defensoras de derechos humanos, manifestaron su inconformidad sobre las Acciones de desobediencia del Congreso de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, organismos que accionan para procurar impunidad para personas señaladas de corrupción. Estrategia impulsada por poderes económicos y el crimen organizado.
El 3 de julio acudieron al Congreso para hacer saber que esto representa una clara acción por continuar con la violación de los derechos civiles, políticos, al consumar el un golpe de estado, profundizando las acciones de corrupción y establecer mecanismos desde el sistema de justicia, para protegerse.
«Mientras que el pueblo de Guatemala continúa sufriendo y el impacto de la corrupción se ha manifestado en desnutrición, hambre, pobreza extrema en el área rural y urbano, implica para el pueblo un acelerado deterioro en los servicios básicos, de educación y salud; permite que el impacto de pandémicas como covid19».
