Guatemala obtiene una puntuación de 36 puntos en el Índice Global de la Tierra, lo que significa que los derechos de las y los campesinos y de los pueblos indígenas son vulnerados constantemente.
Organizaciones de Guatemala integrantes de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) calificaron como “la puntuación más baja obtenida hasta la fecha” obtenida en la aplicación LANDex, encargada de monitorear la gobernanza de la tierra centrada en las personas.
“Uno de los problemas estructurales de fondo es la situación agraria, la actual estructura de la tenencia de la tierra en Guatemala, lejos de resolverse la grave situación, lo que se está haciendo es acaparar grandes extensiones de tierra” dijo, Leocadio Juracán del Comité de Campesino del Altiplano CCDA.
Entre los datos arrojados en el Índice Global de la Tierra se señala que el 53% de las mujeres rurales perciben inseguridad en la tenencia de la tierra, mientras que las mujeres que viven en tierras comunitarias tienen una percepción del 35%, lo que significa que están aún menos seguras.
Los agricultores familiares tienen mayores precariedades para acceder a créditos a pequeña escala. Los programas, políticas y planes estratégicos no se implementan en su totalidad.
Frente al acaparamiento privado se advierte sobre la inexistencia de procedimientos que permitan proteger las tierras de pueblos indígenas pese al reconocimiento del derecho de autodeterminación.
Por ello, las organizaciones realizaron una serie de recomendaciones en conferencia de prensa donde piden garantizar el derecho de tenencia segura de la tierra para hombres y mujeres a través de un nuevo modelo de tierras.
Además de “la protección de los territorios indígenas frente al acaparamiento requiere el reconocimiento por parte del Estado mediante un sistema de mapeo y el registro que garantice los derechos colectivos” dijo, Alejandro Aguirre de Congcoop.
Así como la asignación de recursos para la implementación de programas en la atención e la agricultura familiar. También se requiere de la participación de autoridades ancestrales e indígenas en la gestión de la tierra y en las medidas que se tomen.