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El caserío Rancho Bejuco se ubica en la aldea Pacoj, en Santa Cruz el Chol, municipio del departamento de Baja Verapaz. En ese lugar se registró una masacre el 29 de julio de 1982, época del Conflicto Armado Interno (CAI), en la que gobernó José Efraín Ríos Montt. Los señalados de haber cometido el crimen son nueve ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Los sindicados fueron capturados el dos de febrero de 2022 y ahora son procesados por el Organismo Judicial.
Los implicados son procesados por su presunta participación en el asesinato de 25 personas, quienes presentaron señales de tortura y, posteriormente fueron ejecutadas. Estas acciones son medidas aplicadas por las fuerzas militares del gobierno de Guatemala, en complicidad con las Patrullas de Autodefensa Civil, como parte de la política de contrainsurgencia ejecutada por los gobiernos que diriegieron el país durante los 36 años de guerra interna.
Los detenidos:
- Juan Ovalle Salazar: comandante de la entonces base militar «Antonio José De Irisarri (ahora Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ)
- Mario Elfidio Córdova, en ese entonces, comisionado militar
- Santiago Cojón Galeano
- Lázaro Alvarado De Paz
- Carlos Sesán Cajbón
- Lauro Garrido Córdova
- Mario Garrido Córdova
- Juan López Sic
- Santos Cojón Galeano
Lucia Xiloj, abogada de una de las familiares de las víctimas.
Los acusados, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), pudieron cometer delitos contra los deberes de la humanidad al realizar detenciones y ejecutar a las personas. Entre los señalamientos, se afirma que cometieron vejámenes y torturas en contra de las personas que habitaron en Rancho Bejuco. El Ministerio Público indicó que, el 80% de las víctimas eran niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de la tercera edad.
El dos de febrero de 2022 el juez Edwin Ramírez ordenó prisión preventiva para los nueve implicados, desde esa fecha, los nueve ex miembros de las PAC guardan prisión preventiva en elc entro de detención ubicado en el interio de la Brigada Militar Mariscal Zabala. Actualmente, el Juez de Mayor Riesgo «D» Juan José Jiménez, tiene a cargo el caso.
«Dirigieron, controlaron y supervisaron el operativo militar. También encuadran en el delito penal de delitos contra los deberes de la humanidad» expusó el fiscal del Ministerio Público.
La audiencia continuará el miércoles 18 de enero de 2023 a partir de las las nueve de la mañana.
