El año pasado la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo en contra de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, por haber otorgado la autorización del estudio de impacto ambiental de la Hidroeléctrica San Luis, el cual contenía una serie de irregularidades.
A raíz del amparo, la empresa ya no cuenta con los permisos para continuar su construcción en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, sin embargo la empresa busca revertir ese fallo mediante un amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Hoy se llevó a cabo la vista pública, en la que la municipalidad solicitó a los magistrados ratificar la decisión de la CSJ por violentar la autonomía municipal y la consulta a los pueblos.
Sonia Gutiérrez de Asociación de Abogados Mayas, señalo que la empresa consulto a 15 personas de comunidades que no pertenecen al municipio de Santa Eulalia.
Por su parte el Ministerio Publico señaló que es evidente que la empresa cometió irregularidades y no consultó ni a las autoridades municipales ni a la población, por lo que el estudio de impacto ambiental es nulo.
Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del norte de Huehuetenango denuncia que a pesar de no contar con los permisos necesarios, la empresa avanza con la construcción de la hidroeléctrica.
En 2006, pueblos indígenas de Huehuetenango mediante una consulta comunitaria rechazaron las implementaciones de empresa hidroeléctricas o mineras en su territorio, decisión que esperan sea respaldada por la Corte de Constitucionalidad, quien nuevamente conoce un caso en que estas empresas violentan el derecho de los pueblos indígenas.