Organizaciones sociales, autoridades ancestrales, defensoras y defensores de derechos humanos se han pronunciado ante los últimos hechos en El Estor, Izabal.
Tras la ratificación del Estado de sitio se ha conocido sobre allanamientos en las casas de dos periodistas de Prensa Comunitaria y de defensores del territorio Q’eqchi’ como Abelino Chub Caal.
«Con el Estado de sitio se violan derechos humanos y se actúa de forma arbitraria», denuncian las organizaciones, además advierten que el conflicto podría aumentar la criminalización, provocando una crisis humanitaria.
Añadieron que la empresa extractiva Fénix no ha acatado la sentencia de la Corte de Constitucionalidad CC, confirmada el 18 de junio de 2020, en la que se ordena el cese de las operaciones hasta realizarse una consulta previa, libre e informada.
“A pesar que hay una sentencia en la Corte de Constitucionalidad en la que, la minera y el Ministerio de Energía y Minas debían de cumplir de forma irrestricta, ellos siguen violando lo que dice la sentencia, en lugar de hacerla ejecutoria y siguen funcionando” expresó, Lin Valenzuela de la Fundación Guillermo Toriello.
Autoridades ancestrales de las comunidades Q’eqchi’ han presentado diferentes recursos legales para acreditarse en el proceso de pre consulta, sin embargo no se les ha dado legitimidad, denuncia el abogado Eddi Aspuac, del bufete para pueblos indígenas.
La Pre consulta la lidera el Ministerio de Energía y Minas, el proceso incluye únicamente a un grupo de líderes no representativos de las comunidades. Son 47 las comunidades de El Estor y Panzós que reclaman su derecho a la consulta de buena fe.