Estigmatización y criminalización eran términos desconocidos por las comunidades indígenas, hasta que sus territorios empezaron a ser despojados para la implementación de monocultivos y megaproyectos como hidroeléctricas, petroleras y mineras.Fue entonces cuando una vez más se organizaron para defender sus tierras y enfrentaron una estrategia que les ataqua, persigue y encarcela. Según Daniel Pascual, existen redes de abogados y de empresas de seguridad que se especializan en organizar casos contra comunitarios.
“Tenemos bufetes y empresas privadas de seguridad que montan casos de persecución, utilizando la estrategia penal del enemigo para colocarlos como enemigos de la sociedad, la democracia, la justicia y el desarrollo” expresó.
Cuando una persona o comunidad son atacadas, su imagen se desgasta y aunque no se le encuentre culpable de los casos que las empresas les imputan, raramente recuperan el liderazgo social.
“Ya no es lo mismo cuando el dirigente vuelve a su comunidad, aunque se haya demostrado en los tribunales que no tiene responsabilidad criminal, en la comunidad tiene un impacto. No es cierto que solo haya que demostrar que no se es culpable en los tribunales”.
Tan solo el Comité de Unidad Campesina CUC, enfrenta más de 200 órdenes de captura en contra de sus integrantes y 20 órdenes de desalojo de las comunidades que trabajan.