La Comisión de verificación de violación a los derechos de las familias desalojadas de la comunidad Laguna Larga, denuncia por lo menos 4 ilegalidades en el primer informe presentado al diputado Leocadio Juracán, presidente de la comisión de pueblos indígenas del Congreso de la República.
La comisión responsabilizó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP y al ejército de las violaciones a derechos cometidas contras las más de 100 familias, quienes ya no se encontraban en la comunidad al momento del desalojo, pero quedaron sin hogar ni condiciones dignas para vivir.
Denuncian además que la jueza de paz del peten pudo haber cometido prevaricato al reportar que no se violentaron derechos, cuando la evidencia dice lo contrario. La responsabilidad podría alcanzar al presidente Jimmy Morales, quien por mandato forma parte de CONAP.
Tras una visita e investigaciones reportan la existencias de estructuras criminales por lo que solicitan la intervención de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Para atender la crisis humanitaria, lo más urgente es permitir que las comunidades regresen, sin embargo el CONAP se ha negado a esta solicitud argumentado impedimento legal.
“Le pedimos al CONAP que entre en razón, la propuesta de las autoridades es reubicarlos en una finca, pero eso tomaría bastante tiempo” expresó el Dr. Ramón Cadena.
El informe se presenta en el marco de la visita de la CIDH a quien solicitan dicten medidas cautelares para las familias.