La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.
Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.
La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.
Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto. La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.
El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas. Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol. Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.
Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.
Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.
Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:
-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.
-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.
-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y 69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.
-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.
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