#Guatemala | Pablo Montenegro – Noticiero Maya K’at.
La libertad de Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López está en riesgo ante la posible reactivación del proceso de criminalización que se inició en su contra en el año 2016. Recientemente, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, notificó a las partes involucradas que aceptaba el recurso de apelación especial solicitado por el Ministerio Público.
Ante dicha amenaza el equipo de abogados que acompaña a López y Juárez presentará el lunes 25 de octubre un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia para pedir que se respeten las garantías de justicia.
Ermitaño López y Rigoberto Juárez Mateo son autoridades ancestrales del Pueblo Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Poptí y Mestizo del departamento de Huehuetenango. En el año 2016 enfrentaron un proceso de criminalización por defender los territorios que ancestralmente le pertenecen a las comunidades que integran.
En 2016 el Tribunal “A” de Mayor Riesgo, presidido por la Jueza Yasmin Barrios, absolvió a ambos y otras cinco personas, al no haber encontrado pruebas de las acusaciones que les hacían, por lo tanto, no vio motivos para privarles de su libertad. La juzgadora ordenó la liberación inmediata y pidió a los órganos de investigación “no criminalizarnos a los pueblos indígenas.
Huehuetenango es uno de los departamentos con los índices más altos de pobreza y exclusión, pero con amplia riqueza de bienes naturales. Los indicadores de desarrollo humano son reflejo de la histórica ausencia estatal. El municipio de Santa Cruz Barillas sirve para ilustrar cómo el Estado, en especial las instituciones de justicia y seguridad, han tenido una presencia intermitente en la región sin que sirvan para resolver los conflictos sociales que surgen de la resistencia de los pueblos frente a las empresas que pretenden explotar los recursos. Aquí un repaso de los olvidos del Estado y cómo siguen atizando el fuego de la conflictividad. Seguir leyendo: AQUI