Tomas Solís Santiago, originario de Chajul, es una de las miles de personas afectadas por el plan expansión de transmisión de energía en Guatemala.
Don Tomas comparte que hace uno años logro hacerse de un pequeño lote, fruto de años de trabajo de uno de sus hijos, un migrante residente en estados unidos que mes a mes envía remesas para ayudar a su padre.
Sin embargo ahora el terreno se ha perdido, debido a que la empresa TRECSA, ha instalado en su terreno más de 30 metros de cable.
El abogado Juan Castro, quien acompaña a los afectados, denuncia que existen 36 proyectos aprobados para instalar cableado en propiedades individuales y comunales en por lo menos 77 municipios.
Son diversas las normas constitucionales que este acuerdo violenta, explica el abogado Ramón Cadena, quien destaca que el acuerdo fue aprobado por el presidente Otto Perez Molina y su consejo de ministros, cuando no es competencia del presidente decidir sobre bienes públicos.
Las comunidades presentaron estos argumentos ante la Corte de Constitucionalidad, apoyados por el Ministerio Publico y la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes consideran que el acuerdo debe ser derogado, por no representar beneficios para el pais y violentar diversos derechos como el derecho a la consulta.