Editorial.
El gobierno sigue criminalizando a comunidades indígenas y campesinas del norte del país a través de desalojos violentos. Han sido semanas de dolor y tristeza para cientos de hermanas y hermanos q’eqchi´s que han perdido todo lo que tenían.
La semana pasada fueron desalojadas las comunidades: La Cumbre en Tac Tic Alta Verapaz, Chab’il Ch’och en Livingston Izabal. Niños, niñas, ancianos, ancianas, hombres y mujeres, fueron afectados por bombas lacrimógenas. No satisfechos por esta represión y el uso de violencia los agentes que, están para garantizar la seguridad de la población, incendiaron viviendas e impidieron que los comunitarios sacaran sus cosechas, dejando a varias familias de la comunidad sin los granos básicos para su sustento y durmiendo entre la montaña.
Estos desalojos se dieron a raíz de la denuncia que hicieran los comunitarios, que han visto en la zona a Alejandro Sinibildi, ex ministro de comunicaciones prófugo de la justicia implicado en casos de corrupción. Al omitir esta denuncia se evidencia como las autoridades están protegiendo a quien debe rendir cuentas. Por otro lado es importante mencionar que en Alta Verapaz e Izabal las empresas extractivas, de monocultivos, hidroeléctricas y minería se han adueñado de la mayoría de territorio y de los ríos, sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas como los desalojos violentos son instrumentos que usan estas empresas y terratenientes en contubernio con las autoridades para su propio beneficio y seguir explotando nuestras tierras y recursos naturales.
Es evidente como se violenta los derechos humanos de los comunitarios, no se siguen los protocolos establecidos por el Ministerio Publico, ni protocolos internacionales, ni se respeta las mesas de diálogos impulsados por la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA). Los protocolos claramente establecen que cuando existe una mesa de dialogo no se pueden realizar los desalojos porque son espacios para expresar y buscar soluciones a esta problemática generada por algunos sectores del país.
Es importante que el estado de Guatemala garantice los derechos establecidos en la constitución política de la república: Artículo 1) El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su familia; su fin supremo es la realización del bien común; Articulo 2) Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; Articulo 3) el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
Es evidente que se han violentado los derechos de campesinos e indígenas en el norte del país con estos desalojos, basta ver como los niños y niñas están durmiendo en la tierra, sin un techo que los pueda cobijar y sin una garantía que permita seguir soñando con una Guatemala donde todas y todas seamos sujetos de derechos y tengamos las mismas condiciones y oportunidades.
Exigimos al Estado de Guatemala a no continuar violando los derechos de la población y que respete las mesas de diálogo, evitando ejecutar desalojos violentos en complicidad con jueces que benefician con sus decisiones a personas individuales. Hacemos un llamado al Procurador de los Derechos Humanos que asuma su rol y su mandato y que sea garante de los derechos de la población, en especial a los sectores más vulnerados y que denuncie a las diferentes autoridades que han violentado sistemáticamente los derechos humanos en nuestro país. Extendemos este llamado a todas las organizaciones y comunidad internacional a solidarizarse con estos hermanos y hermanas que les han robado sus tierras, les han robado sus cosechas y sus sueños.