Odeth Alvarado, Analista de Comunicaciones PNUD.
En 2015 iniciamos con una iniciativa conjunta que tiene como fin aplicar enfoques integrales de desarrollo que faciliten la transición de familias víctimas del Enfrentamiento Armado Interno -EAI- a ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, en coordinación con el Estado, organizaciones sociales y comunidades.
Este es el Programa Conjunto -PC- «Desarrollo Rural Integral Ixil». La Región lxil comprende los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul en el departamento del Quiché, que es la cobertura de este Programa.
Para ello plantea implementar iniciativas de recuperación post-crisis, las cuales se implementan en el marco de la justicia de transición, específicamente la cuarta medida de garantías de no repetición (de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Enfrentamiento Armado Interno.
Desde PNUD buscamos alcanzar esto mediante dos resultados: El primero, Familias víctimas del enfrentamiento armado interno de infra-subsistencia y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para mejorar sus condiciones de habitabilidad, la gestión del desarrollo, la gobernanza de los recursos naturales renovables y sus capacidades de emprendimiento empresarial.
Y el segundo, Gobiernos locales e instituciones sectario/es de la Región lxíl con capacidades desarrolladas para lograr procesos de gobernanza pacífica e incluyente con enfoque de derechos y una cultura de resiliencia.
El propósito del programa se da desde un enfoque que comprende dos ámbitos: el institucional: a nivel local y nacional; y el territorial comprendido por cuencas hidrográficas. Se trabaja directamente con las organizaciones y familias sobrevivientes del Enfrentamiento Armado Interno reconociéndolas como un elemento clave que influye en el potencial transformador de las reparaciones.
Por medio de la implementación de procesos de selección de (micro) cuencas, comunidades y familias priorizadas, identificación de las actividades de divulgación y registro, conducir los procesos de empoderamiento de la sociedad civil y de los grupos de víctimas. En este sentido la participación de las víctimas en estos procesos es fundamental, por ello se ha concebido el PC como un programa de reparación sensible al género, culturalmente pertinente y transformador de las relaciones estado-sociedad.
En cuanto a las familias participantes el Sistema de Extensión Rural es abierto y de participación voluntaria, aunque se promueve y facilita la participación de las familias más vulnerables, y quienes deciden la participación organizada son las propias familias campesinas que practican la agricultura familiar, sin una selección decidida por las instituciones.
Es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-; la Organización Panamericana y Mundial de la Salud -OPS/OMS- y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- reconocen la necesidad de contribuir con las instituciones contrapartes del Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- en la implementación de las medidas de reparación integral, especialmente aquellas relacionadas con las garantías de no repetición en los ámbitos de:
- Medios de subsistencia y recuperación económica (incluyendo la diversificación de medios de vida, empoderamiento económico, en particular de grupos de mujeres, oportunidades de educación, servicios de salud, acceso a los servicios públicos); b. Gobernabilidad y estado de derecho (contempla el desarrollo de la gobernabilidad local y de las capacidades institucionales); c. Prevención de conflictos (incluyendo medios pacíficos de resolución de conflictos).
En base a la experiencia de programas ejecutados anteriormente se reconoce la importancia de trabajar con los Consejos de Desarrollo, a través de los cuales se generarán oportunidades económicas, se mejorará la seguridad alimentaria de las familias, se promoverá el manejo sostenible de los recursos naturales, se facilitará el acceso a los servicios de salud agua, saneamiento, educación y condiciones de vivienda adecuada para una vida digna.