Por: Informe Nacional de Desarrollo Humano.
Guatemala es un país de diversidades, en donde más de 6 millones de habitantes descienden de los pueblos originarios y se identifica como tal. La vida de la población indígena en Guatemala tiene muchos desafíos, deben luchar cotidianamente contra la exclusión y contra el avance de estructuras que niegan su existencia como pueblos y comunidades con su propia cosmovisión y formas de entender la vida social.
A pesar de que el país ha ratificado los principales instrumentos internacionales que protegen a los pueblos indígenas y de que uno de los acuerdos sustantivos de la paz comprometió al país a respetar y defender su bienestar e identidad, la gran mayoría de la población indígena vive aún sin la oportunidad de alcanzar esos objetivos.
Desde la época de la colonia, las distintas comunidades mayas fueron desplazadas de sus territorios y sus habitantes obligados a trabajar casi en esclavitud. Los diferentes periodos históricos fueron modificando estas formas de explotación, adaptadas a la época, y dejaron una profunda brecha en el país, dividido profundamente entre mestizos o ladinos e indígenas. Las desigualdades estructurales y su correspondiente subjetividad definen una sociedad racista en la que el desarrollo humano ha llegado a muy poca gente.
Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2016, Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, el modelo de desarrollo impulsado desde la década de 1990 solo ha reforzado las desigualdades y ha conducido al deterioro ambiental y a la agudización de los conflictos heredados de la historia colonial y excluyente.
A mediados de la segunda década del siglo XXI, ocho de cada diez habitantes mayas sobreviven en la pobreza, que es el resultado de múltiples privaciones y de la discriminación económica persistente. Además, esta población se asienta principalmente en territorios en donde existe una baja densidad del Estado y escasa prestación de servicios públicos. Si bien el 20% de la población ocupada indígena se dedica al comercio y casi un 12% a industrias manufactureras, un 49% se dedica a la agricultura y sus familias dependen de la disponibilidad de tierras agrícolas para su subsistencia.
El 63% de la población indígena habita en áreas rurales y su relación con la naturaleza es fundamental para su existencia. El modelo económico del país ha propiciado un uso desordenado del suelo y con poco criterio territorial. Además, no se han respetado los ecosistemas en donde vive la población indígena, desplazándolos para la instalación de monocultivos e industrias extractivas.
Las comunidades se han organizado en defensa de sus territorios, pero sin respuesta adecuada del Estado ni respeto por sus derechos, que están garantizados por el derecho internacional y por el marco normativo nacional. En muchos casos se criminaliza su actividad de resistencia y hasta se ha atentado contra la integridad de líderes comunitarios.
Para cerrar las profundas brechas históricas que dividen a Guatemala será necesario un nuevo modelo de país, que incluya su pluralidad y las distintas visiones de desarrollo y bienestar. Para ello se debe garantizar el respeto y la aplicación plena de los derechos de los pueblos indígenas, incorporando sus demandas en la agenda de país, permitiendo la gestión autónoma de su futuro como pueblos.