Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej | Foto: Marco Hernández – Noticiero Maya K’at

#Guatemala | Pablo Montenegro – Noticiero Maya K’at –

Con aportes de Sulmy Altán de la Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj, Marco Hernández y Yoselin Valdéz de la Red de Periodistas Maya K’at.

Varias organizaciones campesinas que integran la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, exigen al gobierno acciones ante la violencia contra las comunidades y sus liderazgos. Las mujeres de la Convergencia expresaron su preocupación ante el asesinato de dos integrantes del Comité de Unidad Campesina-CUC, quienes han dedicado su vida a luchar por la defensa de las tierras ancestrales amenazadas por los desalojos. Esperanza Tubac nos amplía.

 

En lo que va del año 2024, se contabilizan 12 desalojos, dejando a varias familias en condiciones precarias. Así lo explica Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la organización Ukux Be’.

 

Consejo Campesino Indígena | Foto: Yoselin Valdéz – Noticiero Maya K’at

Por su parte, el Consejo Campesino Indígena, explica que los desalojos son una problemática estructural y afecta a principalmente a las comunidades indígenas y campesinas. Sandra Calel de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas-UVOC, nos brinda más detalles.

 

El Consejo Campesino Indígena está integrado por cuatro organizaciones:

  • Central Campesina Ch’orti’-Nuevo Día
  • Comité Campesino del Altiplano-CCDA
  • Comité de Unidad Campesina-CUC
  • Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas-UVOC

Sandra Calel de UVOC nos habla de las comunidades afectadas

https://www.tiktok.com/@fger_mayakat/video/7379380456245988613?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7276515562455418374

 

Las organizaicones del Consejo Campesino Indígena, expresaron su preocupación de los últimos actos como el asesinato del defensor de derechos humanos José Alberto Domingo Montejo, integrante del equipo jurídico del CUC y de Marcelo Yaxón, también miembro del CUC.

Señalaron a la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  y al Congreso de la República,  como los responsables de la conflictividad agraria y la represión hacía las personas defensoras de derechos humanos.

Al actual gobierno le piden que respete el diálogo y el Acuerdo Agrario que se concretó con el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de Léon y las organizaciones campesinas, qel cual buscaba dar soluciones pacíficas a la conflictividad agraria.

 

Con aportes de Sulmy Altán de la Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj, Marco Hernández y Yoselin Valdéz de la Red de Periodistas Maya K’at.