Por: Carolina Rivas.
“Todos fueron altos funcionarios del ejército, conocieron de los delitos cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen” mencionó el Ministerio Publico durante su argumentación en la audiencia intermedia, donde se determinara si 5 militares enfrentaran juicio por violación sexual con agravación de la pena, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.
Según la información recabada en los años 80 existió una política de estado para controlar a la población, a través de la cual se violentaron derechos humanos de población civil no combatiente.
De este modo el 27 de septiembre de 1981, en un puesto de control se retiene a Emma Molina Theissen para trasladarla a la base militar Manuel Lisando Barillas, donde fue torturada y violentada sexualmente.
Ahí es recibida y engrilletada por el oficial de inteligencia S2 Hugo Zaldaña Rojas, quien ordenó su interrogatorio. La base militar estaba bajo el cargo de Francisco Gordillo, quien autorizo el cautiverio de Emma Molina Theissen.
En la zona también se encontraba Edilberto Letona Linares, segundo comandante, quien conocía sobre los hechos ocurrido en la base militar.
Las detenciones e interrogatorios eran parte de un sistema de inteligencia militar. A cargo de los oficiales S” se encontraba Manuel Callejas y Callejas, jefe de la segunda sección del estado mayor del ejército, quien caracterizo al enemigo interno y ordeno explotar a las fuentes de información, lo que derivó en las violaciones cometidas contra Emma Molina Theissen
A la cabeza de esta estrategia contra insurgente militar se encontraba el jefe del estado mayor del ejército Benedicto Lucas García.
Emma Molina Theissen escapa de la base militar un 05 de octubre de 1981, al día siguiente se ordena su recaptura, allanan su casa y al percatarse de su ausencia secuestran a su hermano menor Marco Antonio Molina Theissen.
Sin la participación de los 05 militares no se hubieran cometido los delitos contra Emma y Marco Antonio Molina Theissen.
En una próxima audiencia los defensores de los militares presentaran argumentos de descargo y será el juez de mayor riesgo C, Víctor Hugo Cifuentes quien decida si estos deben enfrentar juicio.