El ataque a la prensa ha incrementado, durante los nueves meses del 2020 han ocurrido más de 90 agresiones contra periodistas en distintos lugares del país, la mayoría se registró mientras el estado de calamidad estaba vigente.
En una conferencia de prensa, sobre la libertad de expresión, realizada en el Congreso de la Republica, el diputado Aldo Dávila de la Bancada Winaq, acompaño a las organizaciones y periodistas agredidos, y expresó su apoyo.
“Ante la preocupación que han tenido periodistas comunitarios, investigadores sociales, y activista a nivel nacional, es lamentable que han sido intimidados, perseguidos en su labor que realizan en dar conocer la realidad, y que son ocultados por medios de comunicación que ha sido comprados, cooptados”, asegura.
Además, los colectivos y organizaciones sociales, rechazan los hechos ocurridos en contra de comunicadores y periodistas, como el caso de Anastasia Mejía Tiriquiz, quién desde el 22 de septiembre se encuentra privada de su libertad en el preventivo de mujeres en Quetzaltenango, censurada por ejercer su derecho periodístico en el territorio de Joyabaj, Quiché, se detalla en el comunicado.
Por ello, un representante que acompaña el caso de la comunicadora, explica, “Anastasia Mejía Tiriquiz una mujer guía espiritual y activista del pueblo Maya, ha sido criminalizada y condenada por ejercer la libertad de prensa, es necesario que se promueva (la comunicación) desde las comunidades”, enfatiza.
El Director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Walter Cuc, lamenta los casos de asesinatos de periodistas y comunicadores, “la casa de comunicación tiene 55 años de hacer comunicación en Guatemala, durante la época triste y trágica fueron asesinados y desaparecidos doce periodistas, por ende respaldamos el trabajo de las comunicadoras y comunicadores, solicitamos al estado que garantice los derechos de cada uno de los periodistas”, resalta.
Por otra parte, estudiantes organizados manifestaron su preocupación ante los riesgos que sufren las y los comunicadores, así como las amenazas de muerte, daño o destrucción de equipo profesional, ya que son ataques recurrentes, concluyeron.
Las organizaciones hacen un llamando a todas las instancias del gobierno para que garanticen a la ciudadanía el derecho a la libertad de expresión y piden a las autoridades que investiguen los casos de criminalización y violencia en contra de los comunicadores.