Estudiantes y organizaciones sociales presentan una acción inconstitucional para que el Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en cinco municipios, sea suspendido.
El decreto 13-2020 emitido por Consejo de Ministros y el presidente Alejandro Giammattei, «es injustificado y desproporcional», señala el abogado Juan Castro.
En opinión de la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el estado de excepción garantiza que la empresa minera CGN- Prónico continúe trabajando, a pesar que una resolución de la Corte de Constitucionalidad suspendió sus labores, además beneficia a finqueros que han expropiado tierras de las comunidades indígenas.
También informaron que se comunicaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que dicte medidas cautelares en favor de las comunidades por el riesgo que corren al estar expuestas al virus, debido a la alta concentración militar y policiaca en los municipios decretados con estado de sitio.
El estado de sitio fue declarado en los municipios de El Estor, Morales y Lívingston, Izabal; y en Panzós y Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, ahora debe ser ratificado por el Congreso para entrar en vigor.