#Comunicado | CONGCOOP-ID
El lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social, así como las restricciones de movilización y toque de queda, no han sido suficientes para aplanar la curva de contagios y muerte por COVID-19, llegando, al 25 de junio, con un reporte de 15,619 personas contagiadas, de las cuales el 52% (8,089) oscilan entre los 21 y 40 años de edad, lamentando el fallecimiento de 623 personas. Incluso, a más de tres meses transcurridos desde que en Guatemala se registró el primer caso positivo de coronavirus (COVID-19), hay serias dudas de cuántos casos hay; si los reportes son de hisopados realizados semanas anteriores o de cada día, tomando en cuenta que el Laboratorio Nacional está desbordado y es incapaz de agilizar y garantizar la entrega y certeza de resultados, lo que evidencia ocultamiento sistemático de datos reales, pretendiendo reflejar un rostro más decente ante la comunidad internacional.
Mientras tanto, el programa 94: atención por desastres naturales y calamidades públicas, para atender la pandemia por COVID-19 a nivel nacional, que al 25/06/2020 tiene un presupuesto de Q14,555.68 millones, de los cuales Q1,694.44 millones le corresponde al MSPAS ejecutar, continúa con una bajísima ejecución del 4.82% (Q81.71 millones), según el SICOIN (Sistema de Contabilidad Integrada). Ocho de las 82 Unidades Ejecutoras del MSPAS continúan con cero gastos.
La baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social repercute en la atención de pacientes con COVID-19, así como en la protección del personal de salud. Durante meses se ha venido denunciando la falta de pago del personal de salud; la insuficiente cantidad de personal de salud para atender la emergencia; el desabastecimiento de insumos médicos, farmacéuticos, de limpieza y sanitización; falta de equipo de protección personal, de respiradores portátiles y de aplicación de más pruebas para COVID-19; el insuficiente mobiliario y equipo y otros aspectos relacionados con la mejora en infraestructura y equipamiento. A pesar de que, en este mismo periodo, en el Tablero de Control Estado de CALAMIDAD COVID-19 del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN, hay 6,355 eventos de compra y de ellos 3,747 se han adjudicado por un valor de Q272.00 millones.
Con esta situación, la falta de oxígeno en hospitales y el no prestar la atención debida al fortalecimiento de los centros y puestos de salud y los hospitales departamentales y regionales, para enfrentar el desborde de pacientes en hospitales como el Roosevelt, el San Juan de Dios y temporales, se orilla a la población a buscar los servicios privados de salud (hospitales, farmacias y laboratorios), para los hisopados y atender enfermedades crónicas, maternidad o accidentes, contribuyendo a debilitar, aún más, los servicios públicos de salud, con el consecuente gasto de bolsillo familiar y atención según capacidad económica.
La falta de acción u omisión de parte del Ejecutivo evidencia que no le interesa fortalecer la red de servicios públicos de salud, principalmente si analizamos su vinculación con los negocios de la salud. Prueba de ello es la contratación de un seguro médico privado para estudiantes de preprimaria y primaria, en lugar de fortalecer lo público. De igual manera el traslado del ex ministro de salud, a la unidad médica que dirigirá la construcción de hospitales a través de un préstamo de 193 millones de dólares del BCIE, en lugar de su retiro de la institución.
Además de trasladar a terceros las funciones que le corresponden a la cartera de salud, estas acciones fortalecen el enfoque curativo de la misma, dejando de lado la importancia de la prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Por ello, hacemos un llamado al Ejecutivo a dejar de ver la salud como una mercancía, como un negocio. A asumir su compromiso, como servidores/as públicos, de garantizar el derecho a la salud de la población. Mientras esta situación no se resuelva, la pandemia por COVID-19 seguirá cobrando vidas de guatemaltecas y guatemaltecos.
