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#Guatemala | Neida Solis – Noticiero FGER Maya K’at.

La cámara de comercio de Guatemala expreso esta mañana la necesidad de una reactivación económica ante la emergencia del coronavirus.

Según el gremio la cuarentena dictada por el presidente ha afectado su producción por lo que carecen de liquidez para el pago de impuestos, salarios y préstamos, argumentaron que pierden a diario entre Q.60 y Q.70 millones por la suspensión de operaciones.

“El problema que estamos enfrentando hoy las pequeñas, medias y grandes empresas es la falta de liquidez porque como saben desde la semana pasada nos quedamos sin ingresos”, expresó Jorge Briz, presidente de dicha cámara.

Sin embargo, el presidente Alejandro Giammattei, informó en conferencia de prensa que se encuentra a la espera del traslado de Q,1 mil millones, por parte del Congreso de la Republica, para créditos a muy bajos costos para las empresas.

Propuesta de reactivación

La propuesta de la Cámara de Comercio incluye reglamentar el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a tiempo parcial, suspender por parte del IGSS a los trabajadores adultos mayores durante el tiempo que dure la crisis.

Pagar el Bono 14 en un máximo de tres cuotas, además instan a los patronos a propiciar acuerdos temporales con sus colaboradores en cuanto al goce de vacaciones, durante el Estado de calamidad.

Otra de las demandas es prorrogar el pago correspondiente a este trimestre del ISO e Impuesto Sobre la Renta ISR, exonerar el impuesto de turismo por el resto del año y una exoneración total del pago por tres meses de las cuotas del IGSS, INTECAP e IRTA, dichas entidades informaron estar de acuerdo con posponer los pagos durante los meses de marzo, abril y mayo.

Además, piden al gobierno revisar los pactos colectivos en el sector público, incrementar la oferta turística en el país, fomentar créditos para el sector empresarial, así como su apoyo a las propuestas y proyectos propuestos por el gobierno central.

En las acciones en solidaridad que proponen es la creación de un fondo de emergencia temporal en beneficio a los sectores vulnerables ante el covid-19, a través de una contribución extraordinaria en el precio de la gasolina y diésel, propuesta que debería ser aprobada por el Congreso.