En Guatemala la tortura es un problema estructural que afecta a grupos excluidos y en condición de vulnerabilidad provocando mayor desigualdad. Concluye, la Misión Mundial Contra la Tortura realizada del 17 al 23 de febrero de 2020.
La misión de Observación evaluó la implementación de las recomendaciones formuladas al Estado de Guatemala por el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas el pasado 7 de diciembre de 2018.
El mecanismo Nacional para la Prevención de la tortura, la investigación y reparación en el Caso Hogar Seguro, la justicia transicional y el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, así como el uso de la fuerza en el marco de desalojos y manifestaciones, fueron los enfoques que tomo la misión internacional, expresó Lesly Guerrero de Udefegua.
Entre las observaciones preliminares, señalan nulo avance en la investigación y reparación para las familias y sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Thais Lemos Duarte, experta internacional, lamento la situación de las niñas y niños en Guatemala, dijo que la tragedia podría volverse a repetir si no hay esfuerzos concretos.
Lemos Duarte, dijo que la situación de las cárceles del país es preocupante y que las autoridades deben evaluar la violación de derechos humanos. Por otro lado, recomiendan un mayor control de las empresas de seguridad privada ya que, “son foco potencial de tortura”.
En la observación se identificó que las fuerzas armadas del Estado continúan involucrándose en actividades ciudadanas. Teresa Fernández, asesora de derechos humanos para Latinoamérica, señalo que la intensificación de los Estados de excepción puede provocar actos de tortura.
“Es importante que el estado de Guatemala tome en cuenta las recomendaciones del Comité contra la tortura, es un reto pendiente que el nuevo gobierno debe asumir”, enfatizó.
Las observadoras concluyen que las instituciones de estado junto a sociedad civil deben construir una política de prevención contra la tortura.
La misión de observación contra la tortura se realizó con la cooperación de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.