Ante lo que pareciera ser el cierre inminente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, el próximo 03 de septiembre, la ciudadanía ve con incertidumbre lo que podría suceder en los siguientes años. Sobre ese futuro incierto se concentró la segunda jornada del informe de cierre “El legado de la justicia en Guatemala” organizado por la organización internacional.
La restauración de los sectores corruptos, inició inmediatamente después de que las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, tocaran intereses empresariales y de poderes fácticos en el país. Enrique Naveda, director de Plaza Pública, recuerda que desde las elecciones en las que resultara ganador Jimmy Morales, se preveía dicha restauración que haría retroceder al país por lo menos 20 años.
Un panorama similar se prevé con el gobierno del recién electo Alejandro Giammattei, marcado por un autoritarismo que busca el control del estado, sin embargo estos poderes ya no podrán utilizar el discurso de “soberanía” ya que tras el cierre de CICIG, se verán obligados a instalar un discurso religiosos, conservador y anti derechos para controlar a la población, agregó Naveda.
Para mitigar las acciones del Gobierno, la ciudadanía tendrá que nuevamente exigir justicia, manifestó Jordán Rodas Andrade, procurador de derechos humanos, quien hizo un llamado a la Fiscal General, Consuelo Porras, para blindar la labor de las y los fiscales que trabajan en casos de corrupción y el personal que ha acompañado estos casos. En ese sentido, Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora, mencionó que es hora de exigirle al Ministerio Público que “deje de ser vigilante” y actúe de oficio contra funcionarios que han violentado las leyes del país.
“Debemos reconocer que nos ganaron la batalla con el tema ideológico y se fraguó desde el Mariscal Zabala» La ciudadanía no supo reaccionar al debate, el cual se volvió vacío porque nunca se abordó el problema de fondo.«Nos hizo falta articular para atacar las fallas del sistema y no solo cambiaran de manos” expresó Pedro Pablo Marroquín.
Instituciones como el Ministerio Público deberán seguir fortaleciéndose, expresó el fiscal Juan Francisco Sandoval, al reconocer que uno de los principales riesgos continua siendo las filtraciones que se registran al interior del órgano investigador. Para proteger su trabajo el Ministerio Público deberá implementar acciones serias para las contrataciones de su personal, recomendó. Los jueces también deberán ser protegidos, quien denunció que, nuevamente nos encontramos ante un sistema de justicia cooptado, “siento muy pocas las esperanzas, con la elección de magistrados, porque despierta interés y se le salen los diablos a las personas por llegar a esos puestos”. finalizó Sandoval.
Según la activista Iduvina Hernández «existe un sentimiento generalizado de derrota», agrega que «el mayor riesgo no es que la corrupción vuelva, el mayor riesgo es que nos creamos la derrota».
«Este pueblo, estas mujeres que hemos enfrentado al estado, ¡Estamos aquí, no nos han derrotado!” “No debemos conformarnos con un país donde la corrupción ha sido la norma” finalizó Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios – Oliverio Castañeda de León.